Ciudad de México, 1 de julio de 2025 — La Cámara de Diputados aprobó reformas clave a la Ley General de Población y a la legislación en materia de desaparición forzada, mediante las cuales se crea la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica y la Plataforma Única de Identidad. Estas modificaciones fueron avaladas en medio de un intenso debate legislativo, en el que la oposición denunció posibles riesgos a la privacidad y acusó que las reformas priorizan el control social sobre los derechos ciudadanos.
En lo general, la reforma sobre desaparición forzada fue aprobada por 438 votos a favor y 38 en contra, y en lo particular por 417 votos a favor y 60 en contra. Esta ley fue turnada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Respecto a las modificaciones a la Ley General de Población, fueron aprobadas en lo general con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones, y en lo particular por 345 votos a favor y 129 en contra. Estas reformas establecen a la CURP biométrica como la única fuente oficial de identidad para los ciudadanos mexicanos, incorporando datos como huellas dactilares y fotografía, en formatos físico y digital.
Además, se crea la Plataforma Única de Identidad, que estará interconectada con diversas bases de datos públicas y privadas para permitir consultas y seguimiento en tiempo real de las actividades vinculadas a la CURP.
Las reformas también incluyen la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación, y la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Durante el debate, la diputada morenista Irma Juan Carlos argumentó que la iniciativa representa un avance en materia de derechos humanos y fortalece a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, legisladoras de oposición como Nadia Navarro Acevedo (PRI) y Laura Hernández (MC) expresaron su rechazo, acusando que las reformas son una estrategia de vigilancia encubierta y contrarias a la protección de datos personales.
Hernández advirtió que las medidas no se apegan a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ni consideran las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Las reformas fueron aprobadas como de urgente resolución, sin un mayor proceso de consulta o deliberación, lo que generó mayor inconformidad entre los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil.
