El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus acciones contra altos funcionarios del régimen venezolano, al anunciar nuevas recompensas millonarias por información que conduzca al arresto de figuras clave en el aparato de seguridad del país sudamericano.

Además de la recompensa ya conocida de 50 millones de dólares por el presidente Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de colaborar con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, ahora se suman dos altos funcionarios del Gobierno venezolano a la lista de los más buscados por la justicia norteamericana.

¿Quiénes son los funcionarios buscados?

Entre los señalados se encuentra Diosdado Cabello Rendón, actual ministro del Interior y Justicia de Venezuela, por quien se ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses lo acusan de delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo conspiración para la importación de cocaína y uso de armas en apoyo a actividades delictivas.

Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también ha sido incluido en la lista. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita su captura. Las acusaciones en su contra están relacionadas con conspiración para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos.

Respuesta del Gobierno venezolano

Ante este anuncio, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, calificó la medida como una acción “patética y ridícula”, en referencia a la recompensa impuesta contra Nicolás Maduro. No obstante, las autoridades estadounidenses han ratificado su intención de continuar con estas medidas.

El Departamento de Justicia ha habilitado el correo [email protected] para que ciudadanos de cualquier parte del mundo puedan aportar información confidencial que ayude a capturar a los señalados.

Este movimiento forma parte de los esfuerzos de Washington para presionar al gobierno de Maduro, acusado de estar involucrado en redes de narcotráfico internacional y violaciones sistemáticas de derechos humanos.