El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la presentación de cargos contra 26 presuntos miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa, en una de las operaciones más amplias contra el crimen organizado en años recientes. Los acusados enfrentan cargos por tráfico de drogas —incluyendo metanfetaminas, fentanilo y cocaína—, así como por operaciones de lavado de dinero con destino a México.
Según las autoridades, al menos 15 de los 26 imputados fueron arrestados durante un operativo nacional coordinado por la Administración de Control de Drogas (DEA), en colaboración con otras agencias federales y locales. El despliegue tuvo lugar durante la última semana en el sur de Illinois y otras comunidades aledañas.
“Estas imputaciones y arrestos son el resultado de un operativo de varios años que incluyó la incautación de más de 400 kilogramos de fentanilo, casi 80 kilogramos de metanfetamina y 50 kilogramos de cocaína”, señala el comunicado oficial del Departamento de Justicia.
Entre los acusados figuran nombres como Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”), José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”), Miguel Ángel Arámburo Jr., y Karen Gandarillas-Carreño, entre otros. La lista completa incluye tanto ciudadanos mexicanos como estadounidenses.
La fiscal general Pamela Bondi calificó al Cártel de Sinaloa como una “organización terrorista” y aseguró que este operativo “supone un duro golpe a su infraestructura”, en línea con la política del expresidente Donald Trump, quien designó al cártel como Organización Terrorista Extranjera (OTE) durante su mandato.
“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades”, declaró Bondi.“
Por su parte, el fiscal federal del Distrito Sur de Illinois, Steven D. Weinhoeft, señaló que la organización criminal opera mediante “intimidación, tortura y asesinato”, y se financia a través de una red de distribución de drogas que abarca múltiples estados en EE.UU.
Terrance Cole, representante de la DEA, destacó que la investigación permitió exponer una red de lavado de dinero que movía millones de dólares a través de bancos estadounidenses, lo que demuestra la sofisticación financiera del cártel.
Según los documentos judiciales, los delitos ocurrieron entre enero de 2020 y julio de 2025. Se imputa a los acusados la conspiración para distribuir más de 50 gramos de metanfetamina, 400 gramos de fentanilo y cinco kilogramos de cocaína.
Esta operación forma parte de la iniciativa federal “Recuperemos América”, cuyo objetivo es desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales, combatir la inmigración ilegal y proteger a las comunidades estadounidenses del crimen violento.
