La supuesta revocación de 805 concesiones mineras en México ha generado polémica y confusión en medios y redes sociales. Sin embargo, la información oficial confirma que no se trató de cancelaciones de permisos vigentes, sino de un proceso administrativo de “limpieza” de trámites rezagados.
Por: Agencias
Ciudad de México; martes, 30 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un aviso en el que informó que 805 solicitudes de concesión minera que estaban en trámite fueron desistidas o caducaron. Dichas solicitudes no habían sido otorgadas y quedaron sin efecto porque los interesados no concluyeron el proceso.
De acuerdo con la dependencia, los solicitantes:
No presentaron la documentación requerida en tiempo y forma.
No cubrieron los pagos correspondientes.
Abandonaron el trámite voluntariamente.
O bien, mantuvieron sus solicitudes sin movimiento durante años.
En consecuencia, las solicitudes fueron cerradas, pero ninguna concesión ya vigente o en operación fue revocada.
La administración federal enmarca esta acción dentro de su política de regularizar el sector minero, evitar la especulación con concesiones no utilizadas y ordenar el padrón nacional. El gobierno ha reiterado que no otorgará nuevas concesiones de manera indiscriminada, aunque la ley lo obliga a recibir solicitudes.
La medida generó confusión mediática: algunos medios difundieron la idea de que se habían “cancelado” o “expropiado” concesiones ya activas, lo que es falso.
En el sector minero, aunque se reconoció que no se afectaron concesiones operativas, hubo inquietud. Empresarios interpretaron la decisión como una señal de desconfianza hacia la inversión y advirtieron sobre la falta de certeza jurídica para proyectos futuros.
No se cancelaron concesiones en operación.
Sí se desistieron 805 solicitudes pendientes, incompletas o abandonadas.
Fue un proceso administrativo, no una expropiación.
La diferencia no es menor: mientras la confusión alimentó la percepción de inseguridad en el sector, la versión oficial confirma que se trató de una depuración de trámites, sin impacto directo en concesiones ya otorgadas.
