La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristie Noem, denunció que cárteles del crimen organizado en México han comenzado a ofrecer recompensas para atentar contra agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
De acuerdo con la funcionaria, estas organizaciones criminales estarían desarrollando una campaña sistemática para intimidar y agredir a funcionarios estadounidenses que participan en operativos contra la inmigración ilegal. Noem afirmó que los agentes han sido víctimas de emboscadas, amenazas de muerte y vigilancia con drones.
Estas redes criminales no solo se resisten al estado de derecho, sino que están llevando a cabo una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades”, declaró Noem. “No nos echaremos atrás ante estas amenazas”.
Según la investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los cárteles mantienen vínculos con pandillas callejeras en ciudades estadounidenses, como los Latin Kings en Chicago, quienes actúan como vigilantes (“spotters”) para rastrear a los agentes federales.
Entre las acciones detectadas, se incluyen:
- Recompensas de hasta 2 mil dólares por obtener información de inteligencia sobre agentes (fotos, direcciones, datos familiares).
- Pagos de entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestros o ataques no letales a oficiales estándar.
- Hasta 50 mil dólares por asesinar a funcionarios de alto rango.
Los pandilleros se ubican en barrios como Pilsen y Little Village, desde donde vigilan los movimientos de las autoridades en tiempo real con radios y armas de fuego, lo cual ha derivado en emboscadas durante operativos como la Operación Midway Blitz.
Asimismo, el DHS señaló que grupos como Antifa, en ciudades como Portland y Chicago, han brindado apoyo logístico a estas redes criminales, incluyendo la entrega de equipo para protestas y la difusión de identidades de oficiales federales, con el objetivo de interferir en detenciones y deportaciones.
Finalmente, Noem pidió a los gobiernos locales y estatales el fin de las políticas de “ciudades santuario”, argumentando que estas solo fortalecen a los criminales. Aseguró que el DHS continuará sus labores sin ceder ante amenazas o actos de violencia.
