Grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que la obligación de vincular los datos personales de los usuarios a las líneas de telefonía celular es “un paso esencial en el combate a la extorsión”, por lo que debe continuar, a pesar de que recientemente se detectaron posibles vulneraciones a la seguridad de la información personal.
Por: Agencias
Ciudad de México; lunes, 19 de enero del 2026.- El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, se señaló que en el país existen alrededor de 158 millones de líneas de telefonía celular. Ante el aumento de delitos como la extorsión y el fraude cometidos a través de estos medios, se determinó implementar un registro que permita asociar cada línea a un usuario “real y verificable”, con el fin de eliminar el anonimato que facilita la comisión de ilícitos.
En este contexto, recordó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó el pasado 8 de diciembre los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Móviles.
Monreal reconoció que algunos usuarios detectaron recientemente “debilidades que podrían poner en riesgo información sensible”, lo que generó dudas sobre la seguridad informática del sistema y la posibilidad de suplantación de identidad. No obstante, indicó que, aunque el tema se volvió mediático, la empresa señalada explicó que se trató de una saturación del sistema.
Asimismo, informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación para identificar posibles irregularidades relacionadas con la presunta filtración de datos personales durante el inicio de operaciones del registro.
El legislador subrayó que, pese a las dificultades presentadas, las autoridades cuentan con facultades de investigación y sanción, así como con una arquitectura institucional que permite corregir fallas en caso de comprobarse alguna irregularidad.
Finalmente, aclaró que el resguardo de los datos personales corresponde a las empresas telefónicas y no directamente al Estado, aunque esto no exime a las autoridades de su responsabilidad de supervisar la protección de la información y garantizar los derechos de los usuarios.
