El coordinador estatal de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, pidió a los regidores del Ayuntamiento de Tepic, investigar de dónde sale el dinero que gasta a manos llenas la alcaldesa María Geraldine Ponce Méndez, porque los gastos por las excentricidades que presume desde que es alcalde
Por: Redacciòn
Tepic, Nayarit; lunes, 26 de enero del 2026.- La señora Geraldine Ponce desde el anterior trienio y el presente no se mide con los viajes, la joyería fina, la ropa de marca, y la súper mansión de 32 millones de pesos, lo cual no corresponden lo que percibe como alcalde ni a lo que pudo haber acumulado en sus anteriores funciones. Además, mucho de lo que presume, al parecer fue adquirido en los últimos años. Y lo más visible es la costosa mansión que adquirió el año pasado.
Pero a quien le corresponde investigar el origen de su fortuna en primera instancia insistió, es a los regidores, porque de otra manera, serían omisos y caerían en responsabilidad.
“Si se llegara abrir una investigación penal serían omisos, serían corresponsables si es que surge un tema allí, de operaciones con recurso ilícito, de enriquecimiento inexplicable y luego pasaría a los temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, declaró el vocero de la Comisión de la Verdad.
Comentó que una casa en el fraccionamiento “Arboleda”, no vale 3.2 millones de pesos, como lo asegura la alcaldesa Geraldine Ponce, “ya tengo algunas imágenes de casas que están en venta y son mínimo, como del valor de la del senador Gerardo Ferández Noroña, de 12 millones, mínimo”, subrayó.
Incluso, señaló que la alcaldesa morenista no presenta ninguna caratula del crédito para respaldar su dicho, lo que hace suponer que es dinero sucio, de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al cuestionársele al Vocero de la Comisión de la Verdad sobre si como ciudadano interpondrá una denuncia para que las autoridades investigaran, expresó que bastante tiene con todas las denuncias que como Comisión se han respaldado contra el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda y ex funcionarios, en las que la justicia ha dado la razón a las víctimas. Citó que una denuncia por enriquecimiento ilícito requiere de mucho tiempo para que se determine la culpabilidad, no es fácil, es un largo andar y un cúmulo de investigaciones.
Analistas señalan por su parte, que la investigación del enriquecimiento ilícito de alcaldes y otros funcionarios locales involucra a diversas autoridades federales y estatales, principalmente enfocadas en la rendición de cuentas y la anticorrupción, como la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en Nayarit, puesto que las fiscalías tanto federal como estatal, tienen la facultad de investigar y perseguir hechos de corrupción, incluyendo la detección de incrementos patrimoniales no justificados, la propia Fiscalía General del estado, que debe investigar los delitos del fuero común, como cuando exalcaldes o alcaldes en funciones son acusados de peculado, desvío de recursos o enriquecimiento ilícito.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fiscaliza los recursos federales transferidos a los municipios y detecta irregularidades y desvíos financieros que pueden llevar a la denuncia de enriquecimiento ilícito.
La Auditoría Superior del estado (ASEN), que revisa las cuentas públicas locales y pueden iniciar investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detecta movimientos financieros inusuales o lavado de dinero que a menudo vinculan a funcionarios públicos con el enriquecimiento ilícito.
Secretaría de la Función Pública (SFP), y la Secretaría de Buena Gobernanza de Nayarit, que revisan las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos.
Además, en Nayarit se cuenta con el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit (SESLAN), integrado principalmente por el Comité Coordinador, el cual agrupa al Comité de Participación Ciudadana (CPC), la Auditoría Superior (ASEN), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Puntualizan que el llamado es para todas las autoridades, inclusive para el SAT al que también le corresponde investigar los recursos que no son declarados.
Cuestionan los analistas que cómo es posible que una institución bancaria haya otorgado un crédito tan cuantioso, porque se supone que la casa de 32 millones de pesos la adquirió la alcaldesa en el 2025, con un sueldo de 82 mil pesos mensuales faltándole 2 años para concluir su gestión. ¿Qué garantía presentó?, ¿Cómo se arriesgaría un banco a soltar tanto dinero?
