En medio de la polémica por la compra de camionetas nuevas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum defendió al máximo tribunal al asegurar que la mayoría de los privilegios del Poder Judicial de la Federación (PJF) ya fueron eliminados.
Por: Agencias
Ciudad de México; jueves, 29 de enero del 2026.- Durante su conferencia matutina, y sin mediar pregunta, la mandataria federal difundió información proporcionada por el Órgano Administrativo del PJF a la Secretaría de Gobernación, en la que se detalla una reducción significativa en salarios y prestaciones de los ministros.
Sheinbaum contrastó que anteriormente los ministros percibían un salario neto mensual de 206 mil pesos, mientras que actualmente reciben alrededor de 134 mil pesos. Además, destacó la desaparición del pago de riesgo, que ascendía a 639 mil pesos, así como la cancelación del seguro de separación individualizada por un monto de 523 mil pesos.
El reporte también señala que el aguinaldo se redujo de 585 mil a 376 mil pesos y que se eliminó el seguro de gastos médicos mayores, el cual representaba un gasto mensual de 36 mil 906 pesos por ministro. Asimismo, se cancelaron apoyos para alimentos por más de 5 millones de pesos y una partida adicional de 1.3 millones de pesos destinada a gastos de telefonía celular.
De acuerdo con el documento presentado, en el área de ministros se suprimieron 59 apoyos administrativos de un total de 149 que existían, mientras que los 90 restantes continúan en análisis para determinar su pertinencia.
Entre los beneficios cancelados se encuentran la contratación de servicios de agua, luz y telefonía en domicilios particulares; reparación de electrodomésticos; compra de despensas, ropa y alimentos a domicilio; mantenimiento de elevadores, plantas de luz y jardines; solicitud de pipas de agua; así como la gestión de boletos para espectáculos deportivos y eventos de entretenimiento.
También fueron eliminadas prestaciones como la asignación de personal para cuidado de menores, el uso de vehículos oficiales para eventos privados, préstamos de vehículos a familiares, traslados personales, servicios domésticos, trámites bancarios, compra de regalos y boletos de avión, reservaciones de hospedaje, pagos de colegiaturas, obtención de becas y servicios de valet parking, entre otros.
La presidenta sostuvo que estas medidas forman parte del proceso de austeridad y reorganización administrativa del Poder Judicial, en respuesta a las críticas sobre el uso de recursos públicos por parte de altos funcionarios.
