La IMG Academy, escuela privada de alto rendimiento ubicada en Bradenton, Florida, aceptó durante cinco años consecutivos pagos de colegiatura provenientes de dos presuntos líderes del narcotráfico mexicano sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Como resultado, la institución acordó pagar 1.72 millones de dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por violaciones a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre 2018 y 2022 la academia firmó contratos anuales de inscripción con dos individuos identificados como “SDN 1” y “SDN 2”, ambos incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por sus vínculos financieros y apoyo a una organización criminal con sede en México. Durante ese periodo, la escuela procesó pagos que oscilaron entre 47 mil y más de 100 mil dólares por año académico, cubriendo matrícula, alojamiento y otros gastos para que sus hijos —estudiantes-atletas— cursaran estudios en el plantel.
La OFAC determinó que la institución incurrió en al menos 89 posibles violaciones a sanciones financieras entre 2019 y 2025, al no verificar que los responsables de los pagos figuraban en la lista de sancionados. El monto del acuerdo refleja que la escuela no autorreveló voluntariamente las infracciones antes de que iniciara la investigación, aunque las faltas fueron calificadas como “no graves”.
Como atenuantes, el Tesoro consideró que la academia no tenía antecedentes recientes de sanciones, cooperó de manera sustancial con las autoridades y, tras un cambio de propiedad en 2023, implementó un programa reforzado de cumplimiento en materia de sanciones.
En su informe, la OFAC subrayó que “una diligencia mínima” habría permitido detectar que los clientes estaban sancionados. El caso representa una advertencia para instituciones educativas en Estados Unidos sobre la necesidad de establecer controles efectivos para identificar pagos provenientes de actores incluidos en listas de sanciones, incluso cuando se trate de matrículas escolares.
