La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el Plan B de la Reforma Electoral luego de que la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa que había enviado previamente al Congreso de la Unión.
El pasado miércoles, la propuesta fue desechada con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación. La iniciativa contemplaba principalmente cambios en la representación proporcional mediante listas plurinominales y una reducción en los gastos electorales.
Durante la conferencia matutina de este 12 de marzo de 2026, la mandataria afirmó que el rechazo de la reforma “no es una derrota” y reiteró que el objetivo principal de su propuesta es reducir privilegios dentro del sistema político y electoral.
Sheinbaum explicó que la iniciativa busca disminuir el uso de recursos públicos destinados a partidos políticos y organismos electorales, señalando que muchos ciudadanos consideran excesivo el financiamiento en un país con grandes necesidades. También mencionó como ejemplo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) ganan más que la presidenta y que existen duplicidades de funciones entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Asimismo, destacó que la reforma responde al principio de austeridad republicana, con el propósito de redirigir recursos públicos a programas sociales y servicios básicos, como hospitales, centros de salud, agua potable y mantenimiento urbano.
La presidenta señaló que los legisladores que votaron a favor de la propuesta, principalmente de Morena, así como algunos del PT y PVEM, “cumplieron con la voluntad popular”, mientras que quienes votaron en contra —entre ellos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— no lo hicieron.
Puntos clave del Plan B
Sheinbaum informó que enviará al Congreso una nueva iniciativa el lunes 16 de marzo de 2026, la cual mantiene el objetivo de seguir disminuyendo privilegios en la política. Entre los principales puntos destacan:
- Reducir privilegios en los Congresos locales.
- Disminuir privilegios en los municipios.
- Fortalecer el mecanismo de consulta popular.
De acuerdo con la presidenta, estas medidas permitirían ahorrar alrededor de 4 mil millones de pesos, recursos que no se transferirían al gobierno federal, sino que permanecerían en los municipios y en las entidades del país para atender necesidades locales.
