El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que su administración logró desarticulargrupos delictivos que operaban en cadenas de distribución y que imponían un sobrecosto del 10 por ciento a productos básicos, recursos que, afirmó, terminaban en manos de organizaciones criminales.
Por: Arcelia García Ortega
Tepic, Nayarit; lunes, 08 de junio del 2026.- El mandatario señaló que estas estructuras delictivas habían infiltrado procesos de comercialización de productos como cerveza, azúcar, arroz y frijol, afectando directamente la economía de las familias nayaritas y generando un clima de temor entre la población.
“Ese 10 por ciento era un impuesto para el delincuente”, sostuvo Navarro Quintero al explicar que las acciones emprendidas por las corporaciones de seguridad permitieron desmantelar estas operaciones ilícitas.
Como resultado de los operativos, informó que fueron aseguradas armas de grueso calibre, armas largas y una importante cantidad de cartuchos, además de que se logró la captura de personas vinculadas con las bandas criminales involucradas.
En materia política, el gobernador se refirió a la visita de integrantes de la dirigencia nacional de Morena, con quienes sostuvo una reunión de carácter institucional. Afirmó que su gobierno ha otorgado las mismas garantías y condiciones a todas las fuerzas políticas, en apego al respeto de la voluntad ciudadana.
Asimismo, hizo un llamado a la transparencia en los procesos políticos y electorales, advirtiendo que no deben permitirse recursos que comprometan la actuación de futuros gobiernos ni promesas alejadas de la realidad.
Navarro Quintero también expresó preocupación por la situación emocional que enfrenta la niñez y adolescencia en el estado. Tras recorridos y estudios realizados en diversos municipios, dijo haber detectado casos de sufrimiento socioemocional que podrían derivar en consecuencias graves si no se atienden oportunamente.
Finalmente, sostuvo que las instituciones públicas deben responder a las necesidades de la sociedad y advirtió que los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades deberán ser sancionados, ante una ciudadanía cada vez más participativa y exigente.
