La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntos actos de corrupción relacionados con la triangulación de recursos públicos.
Con una votación de seis votos a favor y uno en contra, los integrantes de la comisión determinaron que la denuncia presentada por Morena continúe su curso legal. La acusación señala una presunta triangulación de cerca de mil millones de pesos hacia despachos y empresas presuntamente vinculados con familiares del mandatario estatal.
Como parte del procedimiento, Samuel García contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar su declaración, ya sea de manera personal, por escrito o mediante un representante legal.
La denuncia fue promovida el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien acudió al Congreso local acompañada por integrantes de su partido para formalizar la acusación por presunto manejo irregular de recursos públicos y posibles actos de corrupción.
Durante la sesión de la Comisión Anticorrupción, tres de los cuatro legisladores identificados con la llamada Cuarta Transformación se ausentaron. Únicamente participó la diputada morenista Grecia Benavides. También estuvieron presentes legisladores del PRI, PAN y la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes.
Paralelamente, Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por una presunta red de triangulación y desvío de recursos públicos por un monto cercano a los mil millones de pesos.
Según la acusación, recursos provenientes de diversas dependencias y organismos del Gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos a empresas proveedoras y posteriormente canalizados a través de una cadena de compañías privadas hasta llegar al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde presuntamente participa como socio Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador.
Morena sostiene que, una vez concentrados los recursos, estos habrían sido dispersados hacia otras empresas, entre ellas Saga Tierras y Bienes Inmuebles, desde donde supuestamente se realizaron transferencias al extranjero, incluyendo Estados Unidos, con la finalidad de dificultar el rastreo financiero.
Tras darse a conocer las acusaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia matutina del 19 de mayo que cualquier señalamiento contra un servidor público debe ser investigado. “Si se tiene que investigar, pues que se investigue. El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse”, expresó.
Hasta el momento, las acusaciones continúan en etapa de investigación y las autoridades correspondientes deberán determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra los señalados.
