El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso una multa por 777.8 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos a cuatro exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), actualmente denominada Alimentación para el Bienestar (Alibien), por su presunta participación en el desvío de recursos públicos durante 2019.
Entre los sancionados se encuentra René Gavira Segreste, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y fue considerado el segundo funcionario de mayor jerarquía dentro del organismo durante la gestión de Ignacio Ovalle.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que las sanciones derivan de investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en Alimentación para el Bienestar, las cuales permitieron acreditar presuntas infracciones graves a la normatividad administrativa, incluyendo el desvío de recursos públicos.
Además de Gavira, fueron sancionados Guadalupe Gastélum Ceballos, exdirectora de área en la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos; Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de dicha área; y Juan Rodríguez Flores, exgerente de Precios de Garantía y Estímulos.
De acuerdo con las investigaciones, los exfuncionarios habrían autorizado pagos en exceso con recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos para cubrir gastos de operación, además de utilizar recursos de ese programa para financiar el Programa de Fertilizantes durante 2019.
René Gavira enfrenta actualmente diversos procesos penales por delitos como peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Tras permanecer cerca de un año en el cargo, hoy se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Este caso representa uno de los cuatro procesos penales y administrativos que enfrenta el exfuncionario por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en Segalmex. En otro expediente, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de simular la compra de 7 mil 840 toneladas de azúcar por un monto de 142 millones 440 mil 883 pesos, operación que presuntamente nunca se concretó.
Por este último caso, la FGR ha solicitado una condena de hasta 74 años de prisión, al considerar que Gavira habría recibido beneficios económicos derivados de dicha operación.
