El Gobierno de México iniciará del 1 de julio al 6 de agosto un proceso nacional de consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos para integrar sus propuestas a la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Una vez concluida esta etapa, la iniciativa será presentada al Congreso el próximo 12 de octubre.
Durante el anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta legislación reglamentará el artículo segundo de la Constitución, el cual reconoce la composición pluricultural del país y fortalece el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
La mandataria destacó que México es mucho más que el mestizaje, ya que, pese a más de 300 años de Colonia y más de 200 años de independencia, alrededor del 20 por ciento de la población se reconoce como parte de un pueblo originario. Señaló que estos pueblos constituyen uno de los pilares de la identidad nacional y que la nueva ley busca convertir ese reconocimiento constitucional en derechos plenamente garantizados.
Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa, Sheinbaum subrayó que las transferencias de recursos presupuestales directamente a las comunidades indígenas dejarán de depender de la voluntad del gobierno en turno y se convertirán en una obligación establecida por la ley.
La presidenta también afirmó que el humanismo impulsado por los gobiernos de la Cuarta Transformación tiene como uno de sus fundamentos las grandes civilizaciones que existían antes de la llegada de los españoles. En ese contexto, reiteró que México mantiene la postura de solicitar a España una disculpa por los excesos cometidos durante la Conquista.
Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adolfo Regino, informó que la consulta se realizará con los 70 pueblos originarios del país, conformados por 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, con el propósito de incorporar sus observaciones y propuestas al proyecto legislativo.
Regino indicó que en México habitan alrededor de 28.5 millones de personas pertenecientes a comunidades originarias, lo que representa el 20.5 por ciento de la población nacional y refleja la riqueza de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país.
