La retórica oficial sobre la transformación institucional y el combate a la corrupción choca de frente con la cruda realidad de los pasillos gubernamentales en el Estado de México.
Por Javier Rojo Fregoso
Tepic, Nayarit; lunes, 06 de julio del 2026.- Lo que comenzó como una sospecha administrativa en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) ha detonado en un escándalo mayúsculo: el desmantelamiento de una red criminal enquistada en el poder que desvió más de 96 millones de pesos del erario público mediante el clásico, pero hoy tecnificado, esquema de los “aviadores”.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha logrado la vinculación a proceso de 27 implicados. Sin embargo, más allá de las capturas, lo verdaderamente alarmante es la radiografía de impunidad, sofisticación técnica y el cinismo con el que operaba este grupo, cuyos tentáculos comenzaron a tejerse desde finales de 2017 y alcanzaron su punto más crítico entre enero de 2025 y febrero de 2026.
El “outsourcing” del fraude: Desfalco de alta tecnología
Olvídese del viejo método donde un jefe firmaba la asistencia de un amigo ausente. Esta red operaba de forma piramidal y con precisión informática. Encabezados presuntamente por Óscar “N”, exdirector General de Personal de la Secretaría de Finanzas, el grupo colonizó posiciones clave en la SECTI y en la Oficialía Mayor, colocando a técnicos que ellos mismos habían capacitado en el diseño de los sistemas de nómina.
Utilizando accesos privilegiados al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y a la plataforma de dispersión de nóminas META 4, los implicados realizaron al menos 459 movimientos de alta de personal docente falso. Para burlar las auditorías en tiempo real, los funcionarios operaban de madrugada, inyectando “claves fantasma” al sistema de manera aleatoria. Los supuestos maestros eran asignados a planteles educativos inactivos o clausurados en municipios como Toluca, Ecatepec, Metepec y Tejupilco, asegurando así que nadie notara las ausencias en las aulas.
Miseria para los cómplices, opulencia para los jefes
El esquema de reparto de este botín es un reflejo de la misma disparidad que promueven desde sus escritorios. La red reclutaba a familiares y amigos —operación a cargo de personajes como Juan Alberto “N”, detenido previamente con más de un centenar de tarjetas de débito ajenas— para que prestaran sus nombres y cuentas bancarias.
Por cada 200 mil pesos que el gobierno mexiquense transfería por concepto de sueldos docentes simulados, el “prestanombres” recibía una ridícula comisión de 6 mil pesos. El resto, la tajada leona, era retirada en efectivo en cajeros automáticos y entregada en mano a los altos mandos de la SECTI y la Oficialía Mayor. Mientras las escuelas públicas del estado padecen carencias crónicas de infraestructura, el rastreo financiero de la Fiscalía descubrió que los ingresos ilícitos de estos servidores públicos financiaban estilos de vida extravagantes, incluyendo viajes de lujo a París, Dubái y Egipto.
La deuda con la transparencia
Aunque el actual gobierno estatal se adjudica el origen de la investigación tras interponer las denuncias correspondientes entre febrero y mayo, el caso deja abiertas profundas interrogantes sobre los mecanismos de control interno. ¿Cómo es posible que un fraude de casi 100 millones de pesos requiriera de casi una década de gestación y manipulación de sistemas centrales para ser finalmente detectado?
Hoy, 26 de los involucrados duermen en prisión preventiva justificada por los delitos de fraude y abuso de autoridad. El golpe mediático está dado, pero la verdadera prueba para las instituciones mexiquenses no será solo llenar las celdas, sino desmantelar de raíz la cultura de la simulación que permite que el dinero destinado a la educación termine pagando postales en el Medio Oriente. La sociedad mexiquense, cansada del saqueo sistemático, exige que esta vez la justicia no sea selectiva ni temporal.
