La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que emprenderá acciones más contundentes tras el fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, por lo que el caso pasará del ámbito diplomático al penal.
El jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, informó que se solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales de Estados Unidos y el Departamento de Justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, además de las gestiones diplomáticas realizadas hasta ahora, el Gobierno de México presentará denuncias penales por considerar que la muerte de Salgado constituye un homicidio y una violación a los derechos humanos.
Asimismo, indicó que continuarán las gestiones para que intervengan el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la investigación del caso.
Durante la conferencia presidencial, Velasco calificó como una “tragedia dolorosa” el asesinato de Lorenzo Salgado y exigió que las autoridades estadounidenses realicen una investigación seria y transparente, en respuesta a la demanda de justicia de los familiares de la víctima.
El funcionario recordó que previamente se solicitó la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien ya había manifestado preocupación por las muertes ocurridas durante operativos de ICE. De acuerdo con la SRE, se han registrado 56 personas fallecidas de distintas nacionalidades en este tipo de acciones, entre ellas 17 mexicanos.
Además de las acciones penales, la Cancillería anunció que iniciará procedimientos civiles contra las empresas que administran centros de detención migratoria en Estados Unidos, al considerar que las condiciones en estos lugares han contribuido a la muerte de al menos 14 connacionales. A través de cartas de denuncia, México exigirá que dichas empresas modifiquen las prácticas y condiciones que vulneran los derechos de las personas migrantes.
