La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un decreto que pretende poner fin a una de las prácticas más cuestionadas dentro de la administración pública mexicana: que funcionarios de todos los niveles decidan, según su conveniencia política o administrativa, qué información se publica y cuál permanece oculta a los ciudadanos.
Por: Agencias
Ciudad de Mèxico; mièrcoles, 05 de agosto del 2026.- Durante años, especialistas en transparencia han señalado que la discrecionalidad en el manejo de la información pública abrió espacios para la corrupción, el ocultamiento de contratos, el manejo irregular de recursos públicos y la falta de rendición de cuentas. En los hechos, numerosos funcionarios difundían únicamente aquello que favorecía su imagen, mientras reservaban o retrasaban la publicación de información incómoda.
Con el nuevo decreto, el gobierno federal busca convertir la transparencia en una obligación permanente y no en una decisión sujeta al criterio personal de secretarios, directores generales o titulares de dependencias.
Entre los puntos más relevantes destacan mayores obligaciones para publicar información relacionada con contratos, adquisiciones, gasto público, auditorías y programas gubernamentales; restricciones más estrictas para clasificar información como reservada; fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y una mayor apertura en organismos estratégicos como Pemex y la CFE.
El mensaje político es claro: la información pública pertenece a los ciudadanos y no a los funcionarios.
Sin embargo, el verdadero desafío será garantizar que estas disposiciones se cumplan en la práctica. Organizaciones civiles y especialistas advierten que la transparencia no depende únicamente de decretos, sino de la existencia de mecanismos independientes capaces de vigilar, sancionar y obligar a las autoridades a rendir cuentas.
La apuesta de Sheinbaum es presentada como una ofensiva contra la opacidad gubernamental, un fenómeno que durante décadas ha permitido esconder errores, irregularidades y presuntos actos de corrupción detrás del argumento de la “información reservada”.
La pregunta ahora es si este decreto marcará un cambio real en la cultura del servicio público o si terminará convertido en una promesa más dentro de la larga lucha de México contra la corrupción.
