Legisladores republicanos de Estados Unidos iniciaron una investigación contra la Administración para el Control de Drogas (DEA) por una controvertida estrategia que permitió que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las calles mientras agentes federales buscaban construir investigaciones más amplias contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, solicitó al secretario de Justicia, Todd Blanche, entregar registros relacionados con la política de la DEA de vigilar determinados cargamentos de fentanilo sin decomisarlos de inmediato.
La investigación del Congreso se suma a una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien busca obligar al Departamento de Justicia a entregar información sobre estas operaciones. Nuevo México ha sido señalado como uno de los principales epicentros de la crisis de fentanilo en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación de The Associated Press, agentes de la DEA vigilaron entre 2023 y 2025 grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México y permitieron que algunos de ellos continuaran su recorrido para fortalecer investigaciones y obtener pruebas contra redes de distribución.
La práctica, conocida informalmente como permitir que las drogas “caminen”, habría incluido operaciones en las que agentes observaron a presuntos distribuidores transportar grandes cantidades de pastillas, incluso desde hoteles, sin realizar una intervención inmediata.
En uno de los casos investigados, agentes habrían observado movimientos de cargamentos que podían contener hasta 100 mil pastillas de fentanilo. Un exsupervisor de la DEA, actualmente entre los denunciantes de estas prácticas, sostuvo que la red criminal pudo haber sido desmantelada meses antes.
La polémica se centra también en un cambio en los protocolos federales. Las normas adoptadas en 2017 establecían que los agentes debían incautar o impedir la distribución del fentanilo tan pronto como fuera posible. Sin embargo, el Departamento de Justicia modificó esas disposiciones en 2024 y otorgó mayor discrecionalidad a las autoridades para decidir cuándo intervenir, argumentando que preservar una investigación podía generar mayores beneficios.
Comer cuestionó duramente esta política y afirmó que permitir deliberadamente el paso de grandes cantidades de fentanilo pudo haber provocado daños importantes y pérdida de vidas.
La controversia adquiere mayor relevancia debido a la gravedad de la epidemia de opioides en Estados Unidos. La propia DEA mantiene la campaña “One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”), con la que advierte sobre el riesgo mortal asociado incluso con pequeñas cantidades de fentanilo.
Mientras tanto, el organismo de supervisión interna del Departamento de Justicia anunció una revisión a nivel nacional para determinar si la misma estrategia fue utilizada en otras investigaciones y ciudades del país.
El administrador de la DEA, Terry Cole, defendió el trabajo de la agencia y señaló que las investigaciones contra las organizaciones criminales suelen ser complejas y prolongadas. También manifestó su respaldo a la revisión del inspector general.
La investigación del Congreso y la revisión interna podrían determinar si la estrategia utilizada por agentes federales se ajustó a los protocolos establecidos y si permitir que grandes cargamentos de fentanilo llegaran al mercado provocó riesgos innecesarios para las comunidades estadounidenses.
