Efectivo, obras fronterizas y delincuencia organizada: El escándalo que sacude a Nuevo León
Por: Agencias
Monterrey, Nuevo Leòn; jueves, 15 de octubre del 2026.- Una bomba política y financiera sacude la administración de Samuel García Sepúlveda. Investigaciones periodísticas encabezadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y diarios nacionales revelaron que el Gobierno de Nuevo León entregó contratos millonarios (por un monto aproximado de entre 110 y 120.9 millones de pesos) a la empresa Constructora y Arrendadora CEGESA (CEGUESA), firma que acaba de ser fichada y sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por sus vínculos financieros con el Cártel del Noreste (CDN). Los datos clave de la controversiaLa empresa involucrada: Constructora y Arrendadora CEGESA S.A. de C.V., constituida en Villaldama, Nuevo León.Los beneficiarios sancionados: Gamaliel Garza García (socio mayoritario y administrador) y su hijo Gamaliel Garza Elías, incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. El destino del dinero: Contratos públicos adjudicados a través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) para obras en la aduana de Colombia y el complejo fronterizo.El volumen de las obras: Múltiples licitaciones de terracería, construcción de bardas periféricas y suministro de materiales desde 2022 por más de 110 millones de pesos. El señalamiento directo de Estados UnidosLas alertas de Washington apuntan a una red de lavado de dinero y financiamiento ilícito operada por el Cártel del Noreste. De acuerdo con las autoridades del Departamento del Tesoro de EE. UU.: “Las empresas y prestanombres vinculados al Cártel del Noreste han sido utilizados no solo para blanquear recursos de origen ilícito —a través de actividades como la industria hípica y la construcción—, sino para canalizar recursos procedentes del crimen organizado e inyectarlos en campañas políticas y obtener contratos públicos en México.” A la par de congelar los bienes y restringir cualquier transacción financiera dentro de la jurisdicción estadounidense para los involucrados, EE. UU. colocó en la mira internacional el esquema con el que la delincuencia organizada habría penetrado la obra pública a nivel local. ¿Imprudencia, omisión o complicidad?La revelación coloca en un severo dilema al gobierno estatal. Mientras que los registros públicos de contratistas avalan que la administración de Samuel García canalizó recursos de las arcas públicas hacia CEGESA, investigaciones periodísticas e informes de inteligencia de EE. UU. afirman que esa misma firma funcionaba como pieza dentro del engranaje financiero de una de las organizaciones criminales más violentas del noreste del país. Aunque analistas y reportes legales señalan que no hay hasta ahora una imputación penal directa emitida por la justicia mexicana contra funcionarios por este caso específico, el impacto político es inmediato: ¿Cómo terminaron 110 millones de pesos del erario de Nuevo León en manos de una red financiera señalada por EE. UU. de respaldar al Cártel del Noreste?
