La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido una de las denuncias más devastadoras en la historia política reciente de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus se encuentra en el ojo del huracán, acusado formalmente de detención arbitraria, abuso de autoridad y presunta tortura.
Por: Agencias
Guadalajara, Jalisco; viernes, 16 de octubre del 2026.- Estos graves delitos federales se derivan de la orden de reprimir con saña y violencia desmedida a ciudadanos indefensos. Los manifestantes solo exigían un derecho humano básico: frenar el suministro de agua contaminada con metales pesados y materia fecal en sus hogares.
Delito de Estado: Cacería humana, gas y tortura en Casa Jalisco
Fuentes jurídicas y colectivos ciudadanos confirmaron que la denuncia penal presentada ante las autoridades federales detalla un horror pocas veces visto en la entidad. La protesta pacífica del pasado 11 de octubre de 2026 frente a Casa Jalisco se transformó, por órdenes superiores, en un auténtico campo de batalla.
El pliego acusatorio señala de manera directa al mandatario estatal por permitir e instruir una línea de acción policial que violó los derechos humanos más fundamentales:
• Uso de armamento de dispersión masiva: Policías estatales arremetieron contra familias, mujeres y activistas utilizando gas lacrimógeno directo al rostro, bombas aturdidoras para causar pánico y balas de goma a quemarropa.
• Cargos por tortura y tratos crueles: La denuncia detalla que decenas de ciudadanos heridos fueron arrastrados, golpeados con brutalidad extrema y sometidos a tortura física y psicológica durante detenciones que se operaron fuera de todo protocolo legal.
• Caza de manifestantes: Testigos y víctimas denunciaron ante la FGR que las fuerzas públicas persiguieron a los protestantes calles adentro, deteniéndolos de forma arbitraria para silenciar el reclamo social por el agua envenenada que afecta a más de 300 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.
La presión escaló a nivel nacional obligando a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Aunque el gobernador Lemus intentó desmarcarse sacrificando a 17 policías y mandos bajo una supuesta investigación interna, la denuncia penal ya descansa en la FGR. El caso apunta a la cadena de mando más alta del estado de Jalisco por crímenes que no prescriben y que prometen sacudir los cimientos de su administración.
