La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, una reforma legal que establece penas de hasta 20 años de prisión por el reclutamiento forzado de menores de edad y adultos para incorporarlos a grupos del crimen organizado.
La modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas contempla aumentar las penas hasta 10 años adicionales cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas o afromexicanos, sean migrantes, o cuando los responsables sean funcionarios públicos o exintegrantes de corporaciones de seguridad o de las Fuerzas Armadas.
Durante la discusión, la diputada de Morena, Elena Edith Segura Trejo, explicó que la reforma busca cerrar un vacío jurídico que durante años ha dificultado identificar, investigar y sancionar específicamente este delito. Señaló que el reclutamiento suele investigarse bajo otras figuras delictivas, lo que puede complicar el seguimiento de los casos.
Legisladores advirtieron que los grupos criminales recurren a engaños, falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales, amenazas, violencia y coacción para captar a sus víctimas, especialmente a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, alertó que en estados como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas se han registrado casos de reclutamiento de menores de edad, incluso de siete años, quienes son obligados a participar en actividades ilícitas.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para perseguir a quienes reclutan a niñas, niños, adolescentes y adultos, así como garantizar la protección de las víctimas, quienes en muchos casos son sometidas a estas actividades bajo amenazas y violencia.
Con esta reforma, la Cámara de Diputados busca establecer sanciones específicas contra el reclutamiento forzado y reforzar la protección de las personas vulnerables frente al crimen organizado.
