La investigación sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de dar un giro que podría resultar determinante.
Por: Agencias
Ciudad de Mèxico; martes, 10 de Noviembre del 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó este 9 de noviembre que trabaja directamente con informantes que están aportando testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp para esclarecer cómo habrían operado las irregularidades en las contrataciones de organismos electorales.
Lo verdaderamente delicado es que algunos colaboradores buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, ofreciendo información a cambio de posibles beneficios administrativos.
Según la propia ASF, los elementos recabados han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
Las investigaciones periodísticas han señalado a Guadalupe Taddei y al empresario José Alfredo Hernández Casillas por presuntos vínculos relacionados con proveedores y contrataciones del INE.
Ahora, la ASF tendrá que responder preguntas fundamentales: quiénes son los beneficiarios finales, qué funcionarios participaron, qué empresas fueron favorecidas y cuál fue el destino de los recursos públicos.
La ciudadanía merece conocer toda la verdad. No bastan las declaraciones ni las promesas de investigar: se necesitan pruebas verificables, auditorías transparentes y responsabilidades administrativas o penales cuando corresponda.
