Advierte diputada riesgo de inconformidad por restitución de tierras en San Juan Peyotán, pide intervención de gobiernos
Por: Arcelia García Ortega
Tepic, Nayarit; martes, 17 de Noviembre del 2026.- María Belén Muñoz Barajas llamó a los gobiernos de Nayarit y Jalisco, así como a la Federación, a intervenir para evitar confrontaciones entre las familias afectadas por la resolución agraria de más de dos mil hectáreas.
La inconformidad de habitantes de San Juan Peyotán por la resolución del Tribunal Superior Agrario que ordena restituir más de dos mil hectáreas a San Andrés Cohamiata hace necesaria la intervención de autoridades estatales y federales para evitar conflictos sociales y garantizar una transición pacífica, advirtió la diputada de Morena, María Belén Muñoz Barajas.
La legisladora por el Distrito III, que comprende Ruiz y Del Nayar, y presidenta de la Comisión para el Respeto y la Preservación de la Cultura de los Pueblos Originarios, señaló que se trata de un litigio agrario que lleva más de tres décadas y cuya resolución ha generado preocupación entre las familias que habitan la zona en disputa.
Indicó que ha dialogado con habitantes de las comunidades involucradas y reconoció que la determinación no ha sido bien recibida, particularmente porque muchas familias han vivido durante generaciones en esos terrenos y cuentan con documentación nayarita, aunque ahora deberán incorporarse al núcleo agrario de San Andrés Cohamiata.
Muñoz Barajas aclaró que la resolución no modifica los límites territoriales entre Nayarit y Jalisco, sino que corresponde exclusivamente a una controversia sobre la pertenencia de tierras a un núcleo agrario.
Ante el descontento de los pobladores, consideró indispensable que las autoridades agrarias, los gobiernos de ambas entidades y la Secretaría de Gobernación acudan a la región para explicar los alcances de la resolución, informar sobre el procedimiento de restitución y brindar certeza a las familias.
Advirtió que una falta de información podría generar temor e incertidumbre entre los habitantes, por lo que insistió en que debe existir una estrategia de concientización y diálogo antes de ejecutar cualquier procedimiento.
Respecto a la posibilidad de que se registren hechos de violencia, sostuvo que no tendría por qué llegarse a ese escenario si existe una intervención institucional adecuada y se garantiza que las familias conozcan qué sucederá con sus tierras y su situación agraria.
La diputada también planteó que podría analizarse una eventual indemnización para los afectados, como ocurrió en otros conflictos agrarios, aunque precisó que esa alternativa dependería de la capacidad económica y de la decisión del Gobierno de Nayarit.
Además, recordó que permanece pendiente otro litigio relacionado con 12 comunidades de San Andrés Cohamiata y el ejido de Santa Rosa, lo que evidencia la necesidad de atender los conflictos agrarios que persisten en la región.
Finalmente, apeló a la intervención del gobernador de Nayarit y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para encontrar una salida conciliadora que preserve la tranquilidad de las familias de ambas entidades y evite que una resolución agraria se convierta en un conflicto social.







