Así lo informó la representante del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, quien  señaló que las detenciones y posteriores vinculaciones a proceso generaron sorpresa entre las familias de personas desaparecidas, algunas de las cuales acudieron a las audiencias,  para conocer los avances del procedimiento judicial.

Por: Mildra Benítez Robledo

Tepic, Nayarit; Mièrcoles, 18 de Noviembre del 2026.-  Alrededor de 50 pruebas presentó la Fiscalía General de la República (FGR) durante las audiencias en contra de Juan Francisco R. B., quien fue el primer titular de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nayarit y Roberto Carlos G. L., alias El Toro, ex policía de investigación,  señalados por presuntos delitos relacionados con la desaparición forzada y la obstrucción de investigaciones y labores de búsqueda en Nayarit.

Se Explicó que las investigaciones federales comprenden hechos ocurridos principalmente entre 2011 y 2017 (sexenio de Roberto Sandoval) , aunque también existen carpetas relacionadas con acontecimientos de 2018, que se encuentran vinculadas por patrones de actuación.

La Fiscalía federal, comentó que  integró una carpeta de investigación denominada carpeta madre o de macrocriminalidad, debido al número de víctimas y a la posible relación sistemática entre los hechos. De acuerdo con lo expuesto durante las audiencias, uno de los ex funcionarios enfrenta señalamientos por desaparición forzada, mientras que el otro es investigado por obstrucción a las investigaciones y a la localización de personas desaparecidas, además de una posible coautoría.

La representante,  consideró que las investigaciones también han puesto nuevamente sobre la mesa las omisiones y dilaciones que, de acuerdo con recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos, ocurrieron durante años en la atención de estos casos. Mencionó que existen antecedentes documentados en recomendaciones de 2017, 2020, 2022 y 2025, en las que se señalaron actuaciones de servidores públicos relacionados con las investigaciones de personas desaparecidas.

De igual manera, reconoció que estos procesos han tenido un fuerte impacto emocional entre las familias, debido a que algunas de las personas ahora investigadas eran funcionarios en quienes habían depositado su confianza para obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, no obstante, recordó que los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial y no exista una sentencia condenatoria.

Por último,  advirtió que persiste la preocupación por el incremento de reportes de desaparición, particularmente de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 17 años, puesto que, durante el primer trimestre del año, el colectivo recibía reportes de entre cinco y siete jóvenes, mientras que en el segundo trimestre llegaron a registrar entre 12 y 14 casos en una semana, e incluso hasta siete en un solo día.