En julio de 2022, el gobierno del Dr. Miguel Àngel Navarro Quintero, anunció el “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, asegurando propiedades por un presunto fraude de 21 mil millones de pesos, y 80 personas se ampararon, negando vínculos con exfuncionarios estatales.
Por: Agencias
Tepic, Nayarit; jueves, 30 de noviembre del 2023.- El abogado independiente, Emmanuel Medina González dio a conocer que 15 personas a las que representa legalmente —y otras 65 que atienden colegas suyos—, propietarias de inmuebles en Bahía de Banderas y Compostela, obtuvieron amparos contra el Megaoperativo Nuevo Nayarit, que iniciaron el gobierno y la fiscalía del estado, en julio del 2022.
Estas personas que adquirieron propiedades en la zona, se vieron afectadas por el operativo que investiga presuntas irregularidades cometidas en el sexenio de Ney González Sánchez (2005-2011), dijo el abogado a Aristegui Noticias.
El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero sostiene que el ex gobernador que se encuentra prófugo de la justicia por esta y otras causas junto con ex funcionarios, notarios públicos, y otros, realizaba operaciones de compraventa de predios sin reportarlo al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), por un monto de 21 mil 657 millones 756 mil 800 pesos.
Medina indicó que la justificación para quitar las propiedades a sus representados, fue que éstas eran originalmente parte del Fideicomiso Bahía de Banderas “y fueron enajenadas ilegalmente para desarrolladores turísticos durante el mandato del exgobernador Ney González Sánchez”. Según Medina, la Fiscalía argumentó que el Comité Técnico del FIBA, entre 2008 y 2013, habría autorizado dichas transacciones bajo coacción, pero los amparos presentados han desafiado esta teoría, cuestionando la falta de evidencia y señalando irregularidades en el proceso.
El abogado destacó que el Ministerio Público “no pudo establecer una conexión jurídica clara, ni demostrar actos ilegales relacionados con la adquisición de las propiedades“.
Además, dijo que fueron señaladas deficiencias en la independencia judicial para llevar a cabo el llamado “Megaoperativo” destacando la falta de análisis por parte de los jueces de control al autorizar los aseguramientos.
Por ello, explicó, la justicia federal enfatizó la ausencia de pruebas sólidas de la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) y la falta de independencia del Poder Judicial en el proceso. Como resultado, se otorgaron amparos a más de 80 familias, anulando las inmovilizaciones y permitiendo a los propietarios disponer libremente de sus bienes, aunque en algunos casos será hasta enero cuando puedan hacer uso pleno de ellos para usufructuarlos, en su caso.
El abogado Medina expuso que este caso refleja una práctica indebida por parte de la Fiscalía y el Gobierno del Estado, y cuestionó la persecución de propietarios que son terceros ajenos a las presuntas irregularidades, porque en algunos casos, no son los propietarios originales, además los presuntos delitos que persigue la fiscalía podrían haber prescrito toda vez que han pasado entre 12 y 18 años.
“Recordemos que la operación de la compraventa, pues ya se dio entre particulares, es decir entre un tercer comprador distinto a FIBBA y distinto al desarrollador, originario del condominio o del fraccionamiento correspondiente y un subsecuente adquiriente que tampoco tenía ninguna relación con algunas instituciones del Gobierno del Estado o con el FIBBA o con el desarrollador originario“, sostuvo.
“Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del derecho penal, en su momento se pudo haber hecho la investigación correspondiente, pero querer traer después de 14 años la persecución de algún delito que se hubiese cometido en aquella época o en aquel sexenio, resulta vergonzoso que se quiera revivir o en este caso criminalizar a los actuales propietarios”, dijo. En cuanto al posible trasfondo político, Medina consideró que “la situación refleja una institucionalización de la extorsión”, lo que podría disuadir inversiones privadas y generar inseguridad jurídica.
Por último, Emmanuel Medina también aprovechó para denunciar que él, junto con su familia, así como integrantes de colegios y barras de abogados en la entidad, han sido objeto de persecución política y afectados en la libertad de expresión.
Consideró que el actual gobierno, ha sido objeto de señalamientos y amparos en su contra, por violentar derechos ciudadanos, comparativamente con el sexenio del ex gobernador Roberto Sandoval (2011-2017). “No sé si lleguemos al extremo de que se cometan crímenes de lesa humanidad como en el pasado, que de hecho están documentados ya en distintos informes, no solamente de la Secretaría de Gobernación sino también de la ONU; sin embargo, lo que sí te puedo confirmar es que sí existe una desafortunada situación estructural dentro de las instituciones del Estado de Nayarit que no han podido generar condiciones de seguridad jurídica y para que no se utilicen las instituciones de manera facciosa, ni para generar una sensación de represión, de autoritarismo y sobre todo de persecución. En ese sentido creo yo que este gobierno no es nada distinto al gobierno en mención “, concluyó
