Según la nueva normativa, fórmulas como ‘sargenta’ o ‘caba’ no estarán permitidas, ni tampoco términos para referirse a identidades no binarias como ‘soldadxs’ o ‘soldades’
El presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió hoy 27 de febrero de 2024 el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública.
El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno “inició las actuaciones” para terminar con la práctica adoptada por el gobierno del anterior presidente Alberto Fernández.
“No se va poder usar la letra e, la arroba, la x y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública”, precisó el funcionario a periodistas durante su habitual conferencia de prensa.
Antes de llegar a la presidencia en diciembre, Milei, quien se refiere a sí mismo como un “libertario anarcocapitalista”, llamaba a “dar la batalla cultural” contra el “adoctrinamiento del marxismo” al que considera responsable de haber acuñado el lenguaje inclusivo, la “ideología de género” y la “agenda ecologista”.
Adorni dijo que el gobierno no está dispuesto a dar un debate sobre el uso del lenguaje, defendió que la gramática de lengua castellana representa a todos los sectores y acotó que la medida anunciada supone extender la decisión que ya había tomado el Ministerio de Defensa en su documentación oficial.
Deberá emplearse el idioma castellano
Una orden firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, publicada la víspera sostiene que “deberá emplearse el idioma castellano” bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española (RAE).
Según la nueva normativa, fórmulas como “sargenta” o “caba” no estarán permitidas, ni tampoco términos para referirse a identidades no binarias como “soldadxs” o “soldades”.
En la región Argentina fue un país pionero en el uso de ese lenguaje, que algunas universidades habilitaron desde 2017.
El gobierno de Milei ha anunciado algunas medidas polémicas en los últimos días referidas al ámbito social, la semana pasada dispuso el desmantelamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación por entender que era un gasto innecesario.
