El abogado Paulo Díez Gargari aseguró que durante el juicio en el que un juez federal rechazó someter a proceso a exfuncionarios del Gobierno del Estado de México y directivos de Aleatica (antes OHL) por la presunta explotación ilegal de bienes de la nación por el caso Viaducto Bicentenario
Por: Agencias
Ciudad de Mèxico; viernes, 15 de marzo del 2024.- “El juez de control se vio obligado a reconocer en la audiencia que el Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal y no solo eso, reconoció expresamente, algo que Aleatica ha querido negar hasta el día de hoy, que el Viaducto Bicentenario es un bien nacional de uso común que se regula, entre otras, por la Ley General de Bienes Nacionales”, aseguró en Aristegui En Vivo.
Además, explicó que también reconoció que esta carretera ha sido explotada desde hace muchos años y que los imputados que se encontraban en la audiencia habían participado en ello.
“El juez de control federal, con esta claridad que te lo voy a decir, determinó que no existía concesión otorgada en relación con el Viaducto Bicentenario, que no existía concesión otorgada por autoridad competente para que nadie explote el viaducto, fíjate la barbaridad (…) y que además acreditó claramente también que el viaducto bicentenario es explotado desde hace muchos años y que los imputados, que estaban ahí, habían participado en esa explotación”, agregó.
El experto legal explicó que eso, de conformidad con Ley General de Bienes Nacionales, que es la que el juez determinó que era aplicable, era suficiente para determinar que se había cometido el delito y para vincular a proceso a los imputados.
“Empezó a cundir el pánico porque todo el mundo pensó que los iba a vincular porque no hay nada más que se necesite para acreditar el delito que lo que había dicho el juez, pero entonces el juez en una maroma jurídica producto, no del error judicial, sino de la más burda y grosera corrupción, lo que dijo es que bueno, que no era concesión y no tenían concesión, pero lo que sí tenían era un contrato”, narró.
Describió que el famoso contrato, apodado por él como “el convenio de la vergüenza”, es un documento lleno de irregularidades, debido a que no cuenta con la firma de Jorge Arganis Díaz Leal, quien era ex secretario de Comunicaciones y Transportes de México, cuando fue suscrito, y además, fue firmado por una persona que ya no tenía cargo.
En 2018, Aleatica obtuvo la concesión del Viaducto Bicentenario como parte del permiso que el Gobierno del Estado de México le concedió a la empresa, para construir la vialidad y cobrar a los usuarios una cuota de peaje desde entonces y hasta 2038.
Por ello y tras la denuncia original del abogado Paulo Díez Gargari, la Fiscalía General de la República tomó el caso al sostener que el Gobierno estatal priista no tenía la legitimidad para otorgar la concesión, ya que la vialidad fue edificada en parte de la autopista federal México-Querétaro, por lo que configuraba el delito de explotación ilegal de un bien de la nación y el de asociación delictuosa entre los funcionarios y empresarios implicados.
La FGR había acusado al actual director de OHL-Aleática, Rubén López Barrera, y a dos exdirectivos, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y José Andrés de Oteyza, así como a cuatro exfuncionarios de la Administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México del 2017 a 2022, ( Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos), de haber firmado en 2020 un convenio para “legalizar” la concesión
Pese a ello, y aunque el juez dio razón de todo eso en la audiencia celebrada el pasado 13 de marzo, la autoridad argumentó que como existe el convenio y la libertad contractual en el país, por lo que la Secretaría de Comunicaciones de alguna manera había acreditado que el convenio continuara y con ello dio por cerrado el caso.
Ante la polémica que ha generado esta noticia, y tras los dichos del periodista Arturo Ángel, quien aseguró que “fue la propia evidencia de la FGR la que tumbó su caso”, refiriéndose a que presentó el convenio como evidencia, Paulo Díez Gargari explicó que la Fiscalía entregó este el documento al considerar que era uno de los medios que habían auxiliado a Aleatica para seguir cometiendo el delito, y no porque quisiera que le dieran reconocimiento legal al escrito.
Además, argumentó que ni siquiera el Presidente de la República tiene la facultad para convalidar una concesión estatal sobre un bien nacional de uso común y sujeto al régimen de dominio público. “Lo más grave de todo es que con ese convenio se pretende convalidar una concesión, una supuesta concesión estatal, otorgada respecto sobre un bien nacional de uso común”, acusó.
Además, aseguró que todo parece indicar que la FGR apelará la decisión judicial que cierra el caso del Viaducto Bicentenario y procederá en contra del juez que tomó esta decisión. Díez informó que él también procederá en su contra, ya que existe una sentencia de amparo que le reconoce como víctima en este caso, lo que no hizo el juez, por lo que combatirá mediante un juicio de amparo.
