Indecisión o posible acomodo de la Secretaría de Gobernación  

Por Sergio Mejía Cano  

Se habla mucho de la impunidad que impera en nuestro país en varios ámbitos, no nada más de asesinos y todo tipo de criminales, así como los llamados delincuentes de cuello blanco, sino ahora también de la que goza la Iglesia Católica, así como sus representantes que, desde sus púlpitos han estado violando flagrantemente la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y, por ende, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La separación Iglesia-Estado, dio paso a que México se convirtiera en un Estado Laico, en donde se respetan todo tipo de creencias, así como de no creer en ninguna; todo ciudadano puede practicar y creer en la religión  que le apetezca o que se acomode a su forma de ser y pensar, por lo que no hay persecución ni asedio y mucho menos castigo o pena corporal  para nadie, ya sea que crea o no crea en cualquiera religión o en ninguna, respectivamente.  

De acuerdo a nuestra Carta Magna, tanto a sacerdotes, dirigentes y pastores mexicanos de cualquier culto público que representen en nuestro país no se les coartaron sus derechos y obligaciones cívico-políticas, por lo que pueden votar, pero no ser votados para ningún cargo de elección popular ni ocupar cargos públicos a menos que se hayan separado de su profesión religiosa por lo menos cinco años antes de pretender participar en la vida política del país; sin embargo, para ser funcionarios u ocupar algún cargo administrativo, solamente se requieren seis meses de anticipación para dejar su cargo religioso. 

Pero también nuestra Constitución Política, así como sus leyes respectivas, les prohíbe a los representantes de las Iglesias registradas ante la Secretaría de Gobernación, reunirse con fines políticos, así como hacer proselitismo político ya sea a favor o en contra de cualquier candidato o partido político. ¿Y por qué está determinación constitucional? Pues precisamente por lo que se está viendo hoy en día de que en varias entidades de la República Mexicana, algunos sacerdotes católicos han estado haciendo llamados a sus feligreses para que voten en contra de la candidata y partido político que actualmente administra nuestra Nación; incluso en un video reciente se oye a un sacerdote católico en un templo de Guadalajara, Jalisco, que insulta al presidente o al menos eso se entiende. 

Así que debido a la influencia y posible lavado de cerebro que pueden tener los sacerdotes sobre sus feligreses, es por eso que legalmente se les prohíbe hacer esta clase de proselitismo político desde sus púlpitos. 

Pero, ¿por qué la Secretaría de Gobernación, a cargo de Luisa María Alcalde Luján no actúa en consecuencia? ¿Acaso tendrá temor de que sí aplica la ley es estos casos y, como se dice que la Iglesia Católica sigue aglutinando a la mayoría de los mexicanos creyentes, la licenciada Alcalde Luján, creerá que tal vez se perderían esos votos en los próximos comicios electorales?  

Se entiende que, entre una gran parte de los creyentes católicos hay gente honesta, honrada y que no se deja llevar por el hígado, la pasión y el fanatismo y que está plenamente consciente de que quien viola las leyes debe ser sancionado tal y como lo dictan las mismas leyes respectivas. Así que si la Secretaría de Gobernación se atreviera a aplicar la ley en contra de estos sacerdotes y por ende, de la jerarquía católica, tal vez podría perder algunos votos; pero no todos. El problema es que, como se dice, Luisa María Alcalde Luján no se manda sola, por lo que no puede actuar por su cuenta. 

Sea pues. Vale.