El congreso del estado de Nayarit, tras una polémica a nivel nacional, dio marcha atrás y rectificó la ley del registro público de la propiedad por lo que el registro “volvió a ser público”
Por Verónica Ramírez
Tepic, Nayarit; jueves, 27 de junio del 2024.- Para ello, las comisiones Unidad del Congreso local aprobaron la derogación, adiciones y reformas a dicha Ley del Registro Público.
El coordinador Jurídico del Gobierno Estatal, Gabriel Camarena explicó que estas modificaciones responden a una reforma previa aprobada el 3 de mayo del presente año, la cual introdujo un requisito de legitimación para acceder al Registro Público en relación con el patrimonio de los ciudadanos.
Esta medida fue diseñada para proteger a los ciudadanos contra la utilización indebida de la información pública por parte de la delincuencia organizada, que ha empleado dicha información para extorsiones, secuestros y robos de identidad, afectando así los derechos de la sociedad.
Gabriel Camarena subrayó la importancia histórica y la estabilidad de la institución del Registro Público dentro del sistema jurídico mexicano, la cual ha permanecido prácticamente inalterada durante los últimos 100 años.
Sin embargo, reconoció que las dinámicas sociales y los actos jurídicos han evolucionado, lo que demandó ajustes como la derogación del concepto de interés legítimo, que generó controversias significativas tanto a nivel local como nacional.
En respuesta a las críticas y desacuerdos expresados por diversos sectores, incluyendo la Asociación Mexicana de Bancos y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo federal, Camarena destacó que el Ejecutivo Estatal revisó y mejoró la iniciativa original.
Se añadieron disposiciones que armonizan con los principios establecidos en la Constitución Política Federal, específicamente en los artículos 6 y 16, así como con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
“El objetivo principal de estas modificaciones es proteger los datos personales sin menoscabar el derecho a la publicidad que debe tener el Registro Público”.
Esta dualidad busca fortalecer la certidumbre jurídica y la seguridad para todos los usuarios del Registro, asegurando que las reformas no solo sean necesarias, sino también pertinentes a las demandas actuales de transparencia y seguridad.
