El ex subfiscal, y aún magistrado, Rodrigo Benítez, es acusado por la fiscalía General de la república por delitos graves, como los son violación equiparada, tráfico de influencias y la desaparición forzada de 39 personas, imputaciones que deberá afrontar ante la justicia federal, según consta dentro del expediente PDP-CE-01/2024
Por: La redacción
Tepic, Nayarit; martes, 05 de noviembre del 2024.- El ex subfiscal, y aún magistrado, Rodrigo Benítez, enfrentará la justicia federal acusado por los delito de violación equiparada, tráfico de influencias, y obstaculización de investigación del delito de desaparición forzada, de decenas y decenas desaparecidos, pero antes, la Comisión del Gran Jurado, sección instructora del Congreso, tiene que, iniciar el juicio de desafuero para que Rodrigo Benítez enfrente la justicia como cualquier ciudadano.
Los nombres de las presuntas víctimas de desaparición forzada están inscritos en el expediente que la SIEDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) inició en el 2019, una vez que la jefatura de la fiscalía general de la República de Nayarit, le derivó la carpeta de investigación que levantó en el 2017, cuando gobernaba Roberto Sandoval y Edgar Veytia era su Fiscal, tiempo en el que se presume, se suscitaron decenas y decenas de desapariciones forzadas. Es decir, la FGR de Nayarit por la magnitud del caso, se declaró incompetente y lo pasó a las más altas esferas.
Precisamente, cabe recordar que cuando la SIEDO se hizo cargo de las investigaciones, trascendió que un grupo de federales sin previo aviso ingresó a la fiscalía general del estado, llevándose expedientes de personas que han desaparecido. Desde entonces, estaba en el “ojo de huracán”, el magistrado Rodrigo Benítez, quien fungía como director general de investigación ministerial de Nayarit.
Los reclamos de los colectivos de familiares de desaparecidos, de justicia y de la falta de acción de la Fiscalía para localizar a las víctimas, llegaron hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al no encontrar respuesta, acudieron ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, desde entonces, la Organización de las Naciones Unidas, envió relatores a Nayarit a investigar y se han mantenido al tanto del avance de las investigaciones, instando a las autoridades a dar con los responsables de las desapariciones forzadas y con las autoridades presuntamente implicadas.
En su momento la ONU exhortó a las autoridades mexicanas a que tomaran de manera urgente todas las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en Nayarit.
RODRIGO, ACUSADO DE VIOLAR A UNA EMPLEADA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO
En las investigaciones que se siguen en contra de Rodrigo Benítez, también está la de acusación de violación a una de las empleadas de la Fiscalía.
DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Se le acusa de valerse de su puesto como director general de investigación ministerial de Nayarit, para fincarle delitos a una persona inocente. Rodrigo, era el superior inmediato de tres direcciones, la de investigación ministerial, criminal y servicios periciales.
OBSTACULIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA
Se la acusa a Rodrigo de que, a principios del 2019, ordenó la destrucción de indicios de la fosa denominada “fosa 21” ubicada en la Saucera del ejido de Pantanal, municipio de Xalisco (relacionada con personas reportadas como desaparecidas en el 2017), a sabiendas que eran prendas provenientes de SEMEFO y formaban parte de una investigación por el delito de desaparición.
Se le señala que con tal acción obstaculizó las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, así como la identificación de las víctimas.
Entre las cosas destruidas había aros de seguridad utilizados para la privación de la vida y diversas prendas de las víctimas de desaparición, con las cuales hubiera sido más fácil localizar a quien aún su familia está buscando.
La ley es muy clara y todos lo sabemos, los restos de las personas ni sus pertenencias, pueden ser incinerados ni destruidos porque son objeto de investigación. De acuerdo a las declaraciones vertidas, en el expediente que se le sigue, Rodrigo, dio la orden directa de destruir las evidencias; él, como servidor público tenía la obligación de preservarlas los objetos y las prendas encontradas junto con 21 restos en la “fosa 21”, de la Saucera, para el debido tratamiento y análisis.
En el expediente que se le sigue se menciona que en lugar de destruir todo, debió de ordenar pruebas periciales que pudieran ayudar en la investigación, pero al actuar deliberadamente, evidenció su clara intención de obstaculizar el debido proceso de la investigación con el único fin de no llegar a la verdad. Y es que entre los objetos localizados había candados de mano y grilletes metálicos…probablemente, utilizados por la Policía Nayarit adscritos a la Fiscalía general del estado, al mando de Edgar Veytia.
Cualquier indicio que se relacione con las víctimas de desaparición, tiene que resguardarse y quedar asentado que existe.
Existen versiones de los colectivos de familiares de desaparecidos, sobre la posible implicación de elementos de la Fiscalía en las desapariciones. Se publicaron incluso en un periódico que se repartió en Nayarit, las declaraciones donde los familiares hablan de que sus seres queridos fueron víctimas de desaparición forzada.
Desde el 14 de octubre llegó al Congreso del estado, el requerimiento de la fiscalía general de la República, para que se iniciara el procedimiento de declaración de procedencia, a fin de que Rodrigo, responda por los delitos que se le acusan, violación equiparada, tráfico de influencias, y obstaculización de investigación del delito de desaparición forzada. La solicitud fue enviada por el pleno a la Comisión del Gran Jurado para su análisis y hasta a fecha no se ha dado a conocer el desafuero de Rodrigo Benítez Pérez, como Magistrado, para que enfrente como cualquier ciudadano la justicia. Recordemos que en el caso del mega-fraude del Infonavit, donde resultó implicado el presidente del Poder Judicial, el ex magistrado presidente, Pedro Antonio Enríquez Soto, y el ex magistrado, José Ramón Marmolejo Coronado, no hubo necesidad de un juicio de procedencia, los propios magistrados, les exigieron su renuncia para que no se obstruyeran las investigaciones y se actuara conforme a derecho para que se les hiciera justicia a las víctimas de fraude.
Extrañamente en el caso del magistrado Rodrigo Benítez Pérez, a pesar de que está acusado por la FGR de delitos graves y no de un simple fraude como en el caso de Pedro Enrique Soto, los magistrados del tribunal superior de justicia del estado de Nayarit, no están tomando las mismas acciones y medidas jurídico legales, es decir están llevando este asunto para que el congreso le revoque el fuero constitucional, lo que induce a pensar que alguien tanto en el TSJN como en la fiscalía general del estado, están protegiendo al magistrado Benítez de la acción de la justicia federal
