Ante la falta de disponibilidad del agua que condiciona el desarrollo de comunidades, la salud y el bienestar de la población, el gobierno de México firmó el acuerdo.
Ante la falta de disponibilidad del agua que condiciona el desarrollo de comunidades, la salud y el bienestar de la población, el Gobierno de México firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y Sustentabilidad, que promueve la aportación voluntaria de agua concesionada a los volúmenes nacionales.
En un video difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se establece que el cambio climático, el aumento de la población y la urbanización acelerada ejercen una presión mayor a los recursos hídricos del país.
Destaca que el 76 por ciento del agua en México se destina a la Agricultura, el 15 por ciento al abastecimiento público y el nueve por ciento a la industria y la generación de energía.
Además de que 104 de las 757 cuencas tienen déficit del recurso y 114 de 653 acuíferos en el país están sobreexplotados, lo que genera una caída del 30 por ciento en la disponibilidad de agua per cápita.
Ante este desafío, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, contempla cuatro ejes principales:
- Política hídrica y soberanía nacional.
- Jsticia y acceso al agua.
- Mitigación del impacto ambiental.
- Adaptación al cambio climático, así como una gestión integral y transparente.
De acuerdo con la Conagua, una de las primeras acciones será ordenar las concesiones, revisar su uso y aprovechamiento e identificar las que no se ocupan, para reincorporar estos volúmenes de agua a la disponibilidad nacional.
En segundo lugar, se creará el Registro Nacional de Agua para el Bienestar, con el fin de concentrar toda la información en una base de datos única que permitirá una gestión más eficiente, con total transparencia y, sobre todo, cero corrupción.
El tercer punto será implementar un programa de inspección para ordenar el uso y aprovechamiento del agua, en coordinación con estados, municipios, dependencias del Gobierno de México y con la ciudadanía en general.
Asimismo, se promoverán reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en lo referente a transmisiones, cambios de uso y cuotas de garantía, con el fin de terminar con el mercado alterno del agua que se generó durante el periodo neoliberal.
De igual forma, se promoverá la expedición de la nueva Ley General de Aguas, con el fin de defender el agua que le pertenece al pueblo.
En cuanto al Programa Nacional de Tecnificación, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se impulsarán más de 200 mil hectáreas de riego, con el fin de hacer un uso más eficiente del agua en el campo, al tiempo que se producirán más alimentos.
Parte del agua que se recupere será destinada al consumo humano y la recarga de acuíferos”, señaló.
Asimismo, se realizarán obras de infraestructura en todo el país, y para ello, ya se trabaja con estados y municipios en la elaboración de un Plan Maestro, mientras se revisa el estado de la infraestructura existente y las necesidades de nuevas obras, que se financiarán con recursos locales y de los programas federalizados.
