Entre los 46 policías consignados, se encuentran: el secretario de seguridad pública municipal, José Santiago “N”, Jesús Enrique “N”, coordinador de Tránsito y Vialidad Municipal
Por los delitos de ejercicios ilegal del Servicio Público y Asociación delictuosa, fueron consignados a un juez de control 46 de los 92 elementos policiacos municipales, así como 22 civiles acusados por delitos contra la salud, entre ellos 4 menores de edad y un hondureño, por los hechos registrados en Comitán.
Se les aseguró más de 350 bolsitas de con hierba verde seca, con las características de la marihuana, además de bolsitas con polvo blanco, dinero en efectivo, teléfonos celulares y 6 cartuchos útiles para escopeta. Estas personas se encuentran a disposición de las autoridades competentes, en espera de la definición de su situación legal.
Policías consignados
Entre los 46 policías consignados, se encuentran: el secretario de seguridad pública municipal, José Santiago “N”, Jesús Enrique “N”, coordinador de Tránsito y Vialidad Municipal, José Francisco “N”, coordinador de la Policía Municipal y Alejandro “N”, comandante en turno de la Policía Municipal.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, “a estos imputados se les atribuye impedir el ejercicio de las facultades del Director del C5 mediante amenazas e intimidaciones, así como ejercer sus funciones siendo NO aprobados en sus exámenes de control de confianza y utilizar armas de fuego sin que estuvieran autorizados para hacerlo, conforme a la Licencia Oficial Colectiva número 99.
Al resto de los cuerpos policiales implicados se les otorgará la libertad, toda vez, que cuentan con aprobación en la certificación emitida por el Centro Estatal de Confianza.
Asimismo, destruyeron 38 lugares estratégicos, los cuales eran considerados como puntos de venta de sustancias ilegales, denominados “Cachimbas” y se vinculó a proceso a Juan “N”, líder de una organización, como presunto responsable de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, y por ataques a las vías de comunicación, quien cuenta con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
