Muchas no tienen para pagar la reparación del daño a sus víctimas, por ello, la diputada Nataly señaló que se deben buscar mecanismos para el pago, consideró la diputada además, que falta juzgar con perspectiva de género y de acuerdo a usos y costumbres de los pueblos originarios
Por: Arcelia García Ortega
Tepic, Nayarit; viernes, 07 de marzo del 2025.- Junto con el Instituto Matatipac, el reclusorio de Mujeres “La Esperanza”, formó a 13 reclusas como licenciadas en derecho, es algo que se da por primera vez en el país, afirmó la diputada Nataly Tizcareño.
Detalló la diputada que están haciendo su servicio social y punto de concluir la carrera, representando esto una oportunidad de vida para estas mujeres internadas. Además, están muy preparadas, están informadas y enteradas de todo lo que tiene que ver en ámbito del derecho. Su principal motivo para ser las mejores abogadas, es que las compañeras nuevas que lleguen tengan una defensa justa, porque la mayoría de la tienen.
La diputada Nataly, consideró que los legisladores y legisladores pudieran buscar algún mecanismo a favor de las mujeres presas con la pena compurgada que siguen privadas de su libertad, porque no tienen dinero para pagar la reparación del daño. Pudieran salir libres y trabajar para pagar la reparación del daño, establecer convenios con las víctimas. O se pudiera establecer un fondo para que se pague la reparación del daño o ver qué otro mecanismo implementar, porque sería injusto decir que a las víctimas no se les va a pagar.
La diputada acudió a un foro donde participó la Comisión estatal de los derechos humanos, detectándose que hay mucho por hacer a favor de ellas.
Nataly se refirió a la justicia restaurativa donde un juez dicta la pena, pero con el nuevo sistema de justicia pudieran algunas de ellas alcanzar algún beneficio.
Consideró que se debe concientizar a la ciudadanía porque una vez que cometen el delito las privan de tener alguna relación con las víctimas, sin tomarse en cuenta que hicieron el esfuerzo por prepararse para una vez libres, tener una oportunidad de vida para ellas y para sus familias.
Ocupan lápices, libretas, leyes, sus familias y la Secretaría de Seguridad las apoyan, pero podría la ciudadanía también hacerlo porque hace una labor de verdadera reinserción social.
Ellas, ven que los juzgadores, en lugar de poner penas tan altas, deberían ponerse en sus zapatos para dictar penas justas. Si bien es cierto, actúan conforme a la norma, no ven la condición, el ámbito social, muchas de ellas fueron agredidas desde la infancia, les tocó temas fuertes qué vivir con su familia y eso las orilló a estar dentro de..
Muchas de las mujeres recluidas fueron instigadas por alguna pareja y llegaron a cometer algún delito, son madres de familia y no vieron crecer de cerca a sus hijos, algunas tienen 14, 15, 16 años presas.
Hay muchas mujeres de los pueblos originarios presas sin sentencias justas porque ellas se rigen con usos y costumbres y el contexto de los hechos es diferente a de la mayoría de las mujeres. En la sentencia no se contempla la paridad de género, mucho menos usos costumbres. Muchas no saben ni de que las acusaron porque no hablaban castellano, es por eso la importancia de que haya interpretes en todas las dependencias
