El juez concedió un amparo a la dueña del inmueble, usado por el Bar Adelitas como casa de seguridad para esconder ganancias ilícitas
Amparo concedido para inmueble ligado al “Bar Adelitas”
El Juez Décimo Tercero de Distrito con residencia en Tijuana, Francisco Caballero Green, concedió un amparo para la devolución de un inmueble utilizado como casa de seguridad para resguardar las ganancias ilícitas obtenidas por la organización criminal del “Bar Adelitas”, dedicada a la trata de personas.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), el departamento ubicado en la colonia Madero Sur, delegación San Antonio de Los Buenos, en la ciudad de Tijuana era utilizado para el resguardo de dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas, además de servir como punto logístico para la operación del grupo delictivo encabezado por Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino”.
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Las investigaciones de la FGR, bajo la averiguación previa FGR/AIC/PFM/UOAI/DA/10631/2022, documentaron que Damián Jiménez Álvarez, miembro de la organización criminal, era visto ingresando al inmueble con maletas repletas de dinero tras salir del “Bar Adelitas”, establecimiento identificado como centro de explotación de víctimas de trata.
Detalles del cateo y hallazgos de la FGR
El cateo realizado el 20 de febrero de 2023 por la FGR en el domicilio asegurado permitió la incautación de evidencia clave: un mapa del “Adelitas Bar”, un teléfono celular, fotografías de Damián Jiménez Álvarez y un citatorio de la Fiscalía de Trata de Personas de Tijuana.
Sin embargo, las indagatorias indican que el delincuente recibió información anticipada sobre el operativo, lo que le permitió retirar el dinero en efectivo antes de la intervención ministerial.
A pesar de que el contrato de arrendamiento del inmueble, propiedad de Clara, Raquel, Gloria Esther “F” y Nathan “B”, incluía una cláusula que prohibía su uso para actividades delictivas, la evidencia recabada confirma que fue empleado para la comisión de delitos de delincuencia organizada y trata de personas.
Decisión judicial y consecuencias
Pese a lo anterior, el juez Francisco Caballero Green concedió una suspensión provisional a favor de la titular del inmueble, Bertha “F”, permitiendo la devolución del departamento. Esta decisión ha generado indignación, pues sienta un peligroso precedente al favorecer la recuperación de bienes que han sido utilizados con fines criminales.
El caso también pone en evidencia la profunda corrupción que permea en Baja California, Sonora y Aguascalientes, donde esta organización delictiva ha extendido su red de influencia, infiltrando cuerpos policiales, funcionarios estatales y el sistema judicial.
La resolución del juez Caballero Green plantea serias dudas sobre la eficacia de las instituciones judiciales en la lucha contra la trata de personas y la delincuencia organizada. Mientras las víctimas continúan esperando justicia, decisiones como esta refuerzan la percepción de impunidad y complicidad en el sistema judicial mexicano.
