El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, expuso el complicado panorama financiero que aún enfrenta la entidad debido a deudas contraídas por el ex gobernador Ney González prófugo de la justicia y por Antonio Echevarría García quienes quedaron a Nayarit por su pésimas administraciones
Por: Aracely Rodrìguez
Tepic, Nayarit; viernes, 16 de mayo del 2025.- Durante una conferencia ofrecida esta tarde, gobiernos anteriores. El mandatario informó que, a pesar de los avances en el pago de estos compromisos, la carga económica sigue siendo considerable.
Navarro Quintero detalló que una de las principales deudas proviene del sexenio de Ney González Sánchez —hoy prófugo de la justicia— quien habría contratado un crédito bancario que osciló entre los 10 y 12 mil millones de pesos. De esa suma, el estado aún adeuda aproximadamente 5 mil 400 millones de pesos.
“En conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum, le expuse la situación que vive Nayarit tanto con el SAT como con este crédito bancario adquirido en aquella administración. La deuda, aunque ha ido bajando, todavía representa una presión muy fuerte para las finanzas del estado”, explicó el gobernador.
Además, mencionó que durante su administración se han abonado alrededor de 2 mil 600 millones de pesos, de los cuales sólo 600 millones se han destinado al capital, mientras que más de 2 mil millones han sido para el pago de intereses.
Como si esto fuera poco, Navarro también recordó que el gobierno anterior, encabezado por Antonio Echevarría García, sumó una nueva deuda por 900 millones de pesos a través de BANOBRAS, lo que agrava aún más la situación.
“Los nayaritas no hemos dejado de cumplir con los pagos, pero es una carga muy pesada”, señaló, al tiempo que informó que la presidenta Sheinbaum se comprometió a dialogar con la dirección de BANOBRAS para revisar el caso.
El gobernador enfatizó que su administración ha hecho esfuerzos significativos por sanear las finanzas estatales sin recurrir a nuevos endeudamientos, pero advirtió que los compromisos heredados limitan la inversión pública en sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
