Ciudad de México, 23 de mayo de 2025 — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un acto de justicia la reciente sentencia emitida por un tribunal de Miami contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Ambos deberán pagar 2,488 millones de dólares al Estado mexicano por su implicación en una red de sobornos y contratos públicos irregulares.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que esta resolución judicial demuestra que existía un esquema sistemático de corrupción dentro de las administraciones de Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). “Hay justicia. No se trata sólo de su relación con el crimen organizado, sino de que, incluso después de dejar el gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos”, subrayó la mandataria.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, explicó los detalles del caso, destacando que entre 2009 y 2018 se firmaron 30 contratos irregulares a través del CISEN y la Policía Federal, con un valor total de 725.9 millones de dólares. Dichos contratos fueron adjudicados a empresas ligadas a García Luna y su esposa como parte de un esquema de defraudación.
Gómez resaltó que el dinero fue triangulado al extranjero y posteriormente regresado al país, ocultando su origen ilícito. Gracias a una demanda civil presentada en Estados Unidos por el gobierno mexicano, se logró obtener una sentencia favorable y la restitución parcial del monto defraudado. Inicialmente, se ordenó la entrega de 12.5 millones de dólares, y posteriormente se presentaron demandas por montos mayores, sumando el total de 2,488 millones de dólares.
El exfuncionario fue arrestado en 2019 en Dallas y, en 2023, fue declarado culpable en Nueva York de tráfico de drogas, lavado de dinero y falso testimonio por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. Actualmente cumple una condena de 39 años de prisión.
Pablo Gómez también reconoció el papel de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por su contribución en el esclarecimiento del caso, al aportar pruebas fundamentales para desmantelar la red de corrupción encabezada por García Luna.
Esta sentencia marca un hito en la lucha contra la impunidad en México y representa un mensaje contundente sobre las consecuencias de utilizar cargos públicos para beneficio personal.
