Washington, D.C., 23 de junio de 2025 — La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado al gobierno del expresidente Donald Trump a reanudar la deportación de migrantes a terceros países, sin ofrecerles la oportunidad de argumentar los posibles riesgos que enfrentarían en esos destinos. La decisión, adoptada sin firma ni justificación escrita por la mayoría conservadora del tribunal, ha generado fuertes críticas, especialmente por parte de los magistrados liberales.
La jueza Sonia Sotomayor, en un disenso enérgico al que se unieron sus dos colegas progresistas, calificó el fallo como un “abuso flagrante” de la discrecionalidad judicial. “Aparentemente, el tribunal considera más aceptable que miles de personas sufran violencia en lugares remotos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se haya excedido en sus facultades”, escribió la jueza.
La decisión revierte una orden del juez federal Brian Murphy, emitida en abril desde Boston, que exigía al gobierno otorgar a los migrantes una “oportunidad significativa” de demostrar el peligro que enfrentarían si eran deportados a países que no son los de su origen. Este fallo había bloqueado temporalmente los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional, que en febrero había intensificado las deportaciones a terceros países bajo procedimientos acelerados.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes habían presentado una demanda colectiva contra esta política, señalando la falta de notificación y de proceso legal adecuado. La situación escaló cuando el gobierno intentó deportar a un grupo de migrantes —incluidos ciudadanos de Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam— a un país políticamente inestable como Sudán del Sur, pese a los riesgos documentados de violencia, secuestros y conflicto armado.
El juez Murphy había acusado al gobierno de incumplir su mandato al proceder con las deportaciones sin establecer los procedimientos requeridos, lo que llevó a que los migrantes fueran retenidos en una base militar en Yibuti.
La decisión de la Corte Suprema representa una victoria clave para la política migratoria de Trump, caracterizada por un enfoque más estricto y una ampliación de las deportaciones, pero también plantea profundas preocupaciones sobre las garantías legales para los migrantes y el alcance del poder ejecutivo en temas de inmigración.
