Washington, 9 de julio de 2025 – En un nuevo episodio del enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Trump y las universidades estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ordenado a la Universidad de Harvard entregar documentos relacionados con sus estudiantes extranjeros, alegando una negativa previa por parte de la institución a colaborar voluntariamente.
La orden, emitida a través de un requerimiento administrativo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), busca obtener información “relevante” para el cumplimiento de las leyes migratorias desde el 1 de enero de 2020. Según el DHS, Harvard se ha negado repetidamente a cooperar, lo que ha llevado a la adopción de medidas más severas.
“Harvard ha permitido que estudiantes extranjeros abusen de sus privilegios de visado y defiendan la violencia y el terrorismo en los campus”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS. La universidad, añadió, “ha rechazado cooperar con peticiones previas del Gobierno”.
Harvard es una de las instituciones señaladas por el ‘Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo’, creado por Trump, el cual acusa a ciertas universidades de aplicar políticas de discriminación positiva y restringir la “diversidad de ideas”. Como consecuencia, su financiación federal —valorada en cerca de 2,000 millones de dólares— ha sido congelada.
Ante la presión gubernamental, la universidad ya había entregado algunos documentos entre abril y mayo, pero estos fueron considerados insuficientes. El Gobierno respondió con medidas como la prohibición de sus programas de intercambio y el veto a estudiantes y académicos internacionales. Harvard denunció el veto ante un tribunal, y una jueza federal bloqueó su ejecución mientras continúa el litigio.
Donald Trump, al ser consultado por la prensa, calificó a Harvard como “totalmente antisemita”, aunque se mostró optimista sobre alcanzar un acuerdo con la institución.
Por su parte, un portavoz de Harvard reafirmó el compromiso de la universidad con el cumplimiento de la ley, pero calificó los requerimientos del DHS como “injustificados” y parte de una campaña de represalias. Además, denunció las acciones del Gobierno como una extralimitación que amenaza la autonomía académica en cuanto a admisiones, contrataciones y libertad de enseñanza.
El DHS concluyó su comunicado advirtiendo que su medida contra Harvard debe ser vista como una advertencia para otras universidades que estén siendo investigadas.
