Illinois, EE. UU. — “Es hora de que salgas de Estados Unidos. Te encontraremos.” Con estas palabras, menores inmigrantes en el área de Waukegan, Illinois, han recibido cartas del Gobierno federal bajo la Administración Trump, que les ordenan abandonar el país de inmediato y los amenazan con deportación, multas, sanciones civiles e incluso procesos penales.
Estas misivas, enviadas a nombre de los propios niños, han causado alarma entre familias migrantes y líderes comunitarios, al dirigirse a menores que ingresaron legalmente al país bajo el estatus de “menores no acompañados” en 2014, muchos de ellos provenientes de México. Tras ser recibidos bajo un programa humanitario, los niños fueron reunificados con familiares indocumentados en EE. UU., pero ahora se enfrentan a una nueva amenaza: la cancelación de sus permisos y la posibilidad de ser deportados sin el debido proceso legal.
El contenido de las cartas es contundente: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informa que está cancelando los permisos condicionales de entrada y advierte a los menores que si no abandonan el país de forma voluntaria, serán perseguidos por las autoridades. “No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos; el Gobierno federal te encontrará”, concluye de manera inquietante una de las cartas.
Organizaciones de defensa migratoria han denunciado que esta ofensiva representa una violación de derechos humanos y un intento por desmantelar, en silencio, las protecciones legales garantizadas a menores vulnerables. La pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope en Waukegan, declaró a EFE: “Esto es una barbaridad, algo nunca antes visto. Es inconcebible que un niño reciba este tipo de amenazas del Gobierno del país más poderoso del mundo.”
Tres menores han buscado refugio en la iglesia de Contreras, acompañados de familiares. Un cuarto permanece bajo el cuidado exclusivo del santuario, ya que sus padres tienen temor de ser deportados si se acercan a la iglesia. Para Contreras, “Estados Unidos está perdiendo su humanidad, las iglesias ya no ofrecen garantías.”
La ley de inmigración establece que los menores no acompañados deben ser protegidos por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) mientras se resuelven sus casos. Sin embargo, defensores como Davina Casas, pastora en Chicago, denuncian que el sistema está siendo desmantelado: permisos revocados, fondos para representación legal recortados y niños enviados a procesos judiciales sin defensa.
Según cifras de TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), más de 53.000 menores inmigrantes han recibido órdenes de deportación desde el inicio del gobierno de Trump. Solo en abril, más de 8.300 niños de 11 años o menos fueron incluidos en procesos de expulsión.
La comunidad migrante teme por el futuro de estos menores, muchos de los cuales no tienen memoria de otro país que no sea Estados Unidos. Los defensores insisten en que el enfoque actual no solo es legalmente cuestionable, sino también traumático e inhumano.
