Everglades, Florida — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes el inicio de las primeras deportaciones desde el centro de detención migratoria apodado “Alligator Alcatraz”, ubicado en una remota zona de los Everglades. Según informó en conferencia de prensa, aproximadamente 100 migrantes ya han sido trasladados en vuelos operados desde el aeropuerto Dade-Collier, una pista aislada rodeada de pantanos, caimanes y pitones.
DeSantis aseguró que el número de deportaciones aumentará significativamente en los próximos días. “El propósito completo es convertir esto en un lugar que facilite el incremento en la frecuencia y el número de deportaciones de extranjeros indocumentados”, afirmó. Aunque no se detallaron los destinos ni nacionalidades de los deportados, el gobernador mencionó que ya han partido al menos dos o tres vuelos.
El centro, construido en apenas ocho días bajo una declaración de emergencia estatal, tiene capacidad inicial para 2,000 personas, pero con posibilidad de ampliarse hasta 5,000. Cuenta con más de 200 cámaras de seguridad, 8 kilómetros de alambre de púas y un equipo de 400 agentes. Su ubicación remota es parte de una estrategia disuasoria, según el propio DeSantis: “Quien intente escapar se enfrentará a la fauna salvaje del entorno”.
La instalación ha sido fuertemente criticada por activistas, organizaciones de derechos humanos, grupos indígenas y ambientalistas. Entre las denuncias figuran condiciones inhumanas, acceso limitado a representación legal, problemas de saneamiento y un impacto ecológico severo. Dos detenidos italianos describieron el centro como “jaulas sin luz ni comida adecuada”.
No obstante, el gobierno estatal defiende el proyecto como un componente clave del control migratorio federal, alineado con las políticas del expresidente Donald Trump. La Casa Blanca ha expresado su respaldo al centro, que funciona bajo el programa federal 287(g), que permite la colaboración entre autoridades estatales y federales en asuntos migratorios.
El contrato principal para la operación del centro, por 78.5 millones de dólares, fue otorgado sin licitación pública a la empresa Critical Response Strategies. En total, Florida ha firmado contratos por más de 245 millones de dólares para su puesta en marcha.
Ante el creciente interés por el modelo, líderes republicanos como el senador John Cornyn ya han sugerido replicar instalaciones similares en estados como Texas.
