A pesar de una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que mantiene suspendida la aplicación de la ley estatal SB 4-C, el estado de Florida continúa arrestando a inmigrantes indocumentados bajo esta normativa, considerada una de las más agresivas del país.
Según documentos judiciales recientes, el fiscal general del estado, James Uthmeier, admitió que al menos dos personas fueron detenidas en julio bajo esta ley: el guatemalteco Juan Vásquez Salas y el mexicano José Bersay Díaz Salas. Ambos fueron arrestados por incidentes de tránsito en el condado de Sarasota, el 3 y 28 de julio respectivamente.
Esto ocurre a pesar de que el pasado 9 de julio la Corte Suprema dejó en pie un fallo del Tribunal del Distrito Sur de Florida que suspendía temporalmente la ley SB 4-C desde el 18 de abril. Esta normativa criminaliza a nivel estatal el ingreso de personas sin documentos migratorios y permite su encarcelamiento, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La jueza Kathleen M. Williams declaró al fiscal de Florida en desacato por no acatar su orden y le exigió entregar informes periódicos con el número de personas detenidas bajo esta legislación. Además, organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF), junto a personas afectadas, han demandado al estado al considerar que la ley es inconstitucional, ya que la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal.
Los demandantes también acusan al gobierno estatal de utilizar la SB 4-C para detener migrantes en el centro de detención apodado “Alligator Alcatraz”, con capacidad para 2.000 personas y abierto el pasado 3 de julio al oeste de Miami. Solicitan al Tribunal que obligue al estado a esclarecer bajo qué autoridad opera este centro, ya que, según un correo del ICE, su gestión depende directamente de las autoridades estatales.
La SB 4-C se ha convertido en un símbolo del enfoque de los estados republicanos hacia la migración irregular, y su destino legal podría tener repercusiones a nivel nacional, ya que otros estados han expresado interés en replicar esta legislación.
