— El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) ha expresado su profunda preocupación ante reportes que indican que Corea del Norte podría estar utilizando a personas con discapacidades psicosociales e intelectuales para realizar experimentos médicos o científicos, sin su consentimiento.
Aunque el régimen norcoreano ratificó en 2016 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), diversas organizaciones denuncian un incumplimiento sistemático de sus principios fundamentales. Un informe conjunto presentado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Base de Datos de Derechos Humanos de Corea del Norte (NKDB) detalla prácticas alarmantes de exclusión, estigmatización extrema y confinamiento forzoso de estas personas en instalaciones estatales conocidas como “instalaciones número 49”.
Según testimonios de desertores, las personas con discapacidad son denominadas “Sujetos número 49”, y muchas son ocultadas por sus familias o institucionalizadas de manera coercitiva, en condiciones de reclusión extrema y sin acceso a educación, salud ni justicia.
Aunque no existe evidencia directa de experimentos específicos, el secretismo del régimen y la reclusión sistemática de estas personas generan sospechas fundadas de prácticas que podrían violar gravemente los derechos humanos.
La CRPD ha recordado que ninguna persona con discapacidad debe ser sometida a experimentos sin su consentimiento informado, y que cualquier práctica de este tipo representaría una violación del derecho internacional, especialmente del artículo 12 de la Convención, que garantiza el reconocimiento legal y la igualdad ante la ley.
Además, se denuncia que el acceso a servicios o apoyos en Corea del Norte está condicionado a la lealtad política o militar, lo que perpetúa una discriminación estructural contraria a los principios de igualdad y no discriminación.
Ante esta situación, la ONU ha instado a Pyongyang a abolir estos sistemas de apoyo excluyentes, garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y permitir investigaciones independientes sobre las denuncias.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también ha reforzado sus mecanismos de monitoreo sobre Corea del Norte, abriendo la posibilidad de investigaciones futuras más profundas y aumentando la presión internacional.
En resumen, la denuncia del CRPD y de la FIDH pone en evidencia una grave brecha entre los compromisos formales de Corea del Norte y la realidad que enfrentan las personas con discapacidad dentro del país. La comunidad internacional observa con creciente inquietud lo que podría constituir una de las formas más extremas de abuso de derechos humanos en uno de los países más cerrados del mundo.
