Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Emanuel Roberto “N” y a otros nueve elementos de la Secretaría de Marina, señalados por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, en un caso de huachicol fiscal que habría operado a gran escala en varias entidades del país.
Tras una audiencia que se prolongó por más de 18 horas en los juzgados federales del Altiplano, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para procesar a los implicados por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos, así como contrabando de diésel.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados habrían facilitado la entrada ilegal al país de millones de litros de diésel, ocultos bajo la categoría de “aditivos”, como parte de un esquema de fraude conocido como huachicol fiscal. Las operaciones de esta red se habrían extendido a los estados de Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México, y contaban con el respaldo tanto de particulares como de elementos de las Fuerzas Armadas, en activo y en retiro.
El vicealmirante Emanuel Roberto “N” fue identificado como una figura clave en la estructura delictiva, presuntamente encargado de avalar a los operadores internos. Otros implicados, como Climaco “N” y Humberto “N”, habrían tenido responsabilidades relacionadas con el nombramiento de funcionarios en aduanas y la recepción de pagos ilegales.
Entre los acusados también figuran Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N”, a quienes se les acusa de simular revisiones a buquetanques mediante la manipulación de cámaras de vigilancia y el uso de muestras alteradas.
La FGR presentó testimonios clave, entre ellos el de Rubén Guerrero Alcántara, quien antes de ser asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, dejó un manuscrito en el que detallaba las operaciones ilícitas. Además, testigos protegidos identificados como “Santo”, “JH” y “HRV” aportaron información sobre el ingreso irregular de al menos 32 embarcaciones con diésel durante 2024 y 2025.
El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y dictó prisión preventiva justificada para los diez marinos, quienes permanecerán recluidos en un penal federal mientras continúa el proceso legal.
