El Gobierno de Illinois presentó una demanda contra el expresidente Donald Trump por el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional en Chicago, enviados desde Texas sin la aprobación del estado. La decisión de Trump se produce en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en la ciudad, donde recientemente se han registrado incidentes violentos protagonizados por agentes de la Patrulla Fronteriza, incluyendo el disparo a una ciudadana en el área de South Side.
La demanda, presentada este lunes por el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, argumenta que el despliegue federal es “ilegal e inconstitucional”, ya que no se cumplen las condiciones necesarias para una intervención militar de este tipo, como una invasión, una rebelión o la falta de aplicación de leyes federales.
“El pueblo estadounidense no debería vivir bajo la amenaza de una ocupación militar simplemente porque el liderazgo de su estado no coincide con el del presidente”, señaló Raoul.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó la acción como un abuso de poder y anunció en redes sociales que el estado llevará a la administración Trump a los tribunales por esta intervención. El recurso legal también involucra al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Illinois, donde aproximadamente el 15 % de la población es inmigrante —incluyendo más de 527,000 personas indocumentadas según el American Immigration Council—, ha sido epicentro de protestas contra las políticas migratorias federales. La tensión se agravó tras la muerte del ciudadano mexicano Silverio Villegas-González, de 38 años, quien fue abatido por un agente luego de presuntamente atropellarlo.
La demanda se produce apenas horas después de que una jueza federal bloqueara el intento del expresidente de desplegar 300 soldados de la Guardia Nacional de California en Oregón para frenar protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland. En junio, Trump también perdió una batalla legal similar al intentar movilizar 4,000 soldados en California sin el consentimiento estatal, algo que no ocurría en EE.UU. desde hace seis décadas.
