El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este miércoles sus críticas contra las autoridades de Chicago, exigiendo la encarcelación del alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, y del gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, ambos demócratas, por no brindar apoyo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante las recientes redadas migratorias.
“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!”, escribió Trump en su red social Truth Social, marcando un nuevo episodio en la escalada de tensiones entre el Gobierno federal y las autoridades estatales y locales.
Ya el martes, desde el Despacho Oval, Trump había criticado duramente la gestión de Johnson y Pritzker, calificándolos de “incapaces” de manejar los asuntos de delincuencia en la ciudad. Las fricciones se han agravado desde el inicio de la operación Midway Blitz, impulsada por ICE con el objetivo de “garantizar la seguridad” en Chicago, y que ha generado múltiples arrestos, principalmente de personas de origen latino.
Las redadas han provocado manifestaciones ciudadanas en diversos puntos de la ciudad. El pasado sábado, en una de estas protestas en el área de South Side, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra manifestantes, hiriendo a una ciudadana estadounidense, lo que ha incrementado aún más las tensiones.
Tanto el alcalde Johnson como el gobernador Pritzker han expresado su rechazo a la operación federal y han presentado demandas legales para bloquear las acciones del Ejecutivo. Sin embargo, Trump ha ordenado el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para hacer frente a las protestas y reforzar la presencia federal en la ciudad.
Hasta el momento, alrededor de 200 soldados provenientes de Texas ya se encuentran en Chicago, con otros 300 efectivos locales en preparación para ser desplegados en los próximos días. El mandatario incluso ha sugerido que podría invocar la Ley de Insurrección, un recurso legal de emergencia que permitiría una intervención militar directa para controlar las protestas.
Estas medidas se producen en un contexto de discrepancia con las estadísticas oficiales del Departamento de Policía de Chicago, que reportan una disminución significativa en los índices de criminalidad: los homicidios han bajado un 28 % respecto al año anterior y casi un 50 % en comparación con hace cuatro años.
A pesar de los datos, el presidente ha insistido en que la ciudad enfrenta un “crimen rampante” y ha reiterado su intención de actuar con mano dura frente a lo que considera un desafío directo a la autoridad federal y a su política migratoria.
