Con 467 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que protege a los usuarios de servicios financieros frente a la emisión y cancelación de tarjetas bancarias sin su consentimiento.
La iniciativa, que modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, busca declarar nula la emisión de tarjetas de crédito o débito —tanto bancarias como de tiendas departamentales— sin el consentimiento expreso del usuario. La propuesta fue turnada al Senado de la República para su análisis y ratificación.
Cancelación rápida y sin costo
El dictamen establece que las instituciones financieras deberán realizar la cancelación de tarjetas de crédito o débito en un plazo máximo de tres a cinco días hábiles después de la solicitud del usuario. Este trámite no implicará costo alguno ni podrá generar cargos, comisiones o penalizaciones.
Además, la terminación del contrato deberá quedar formalmente comprobada mediante una prueba digital o física emitida por la institución.
Prohibición de cargos ocultos
La reforma también instruye al Banco de México (Banxico) a establecer normas que limiten o prohíban comisiones que distorsionen las sanas prácticas financieras o encubran cargos ocultos, como seguros o membresías no autorizadas.
Sin repercusiones en el Buró de Crédito
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa es que la cancelación o falta de uso de una tarjeta no afectará el historial crediticio del usuario.
En caso de que se generen cargos indebidos por productos no solicitados, las instituciones financieras deberán reembolsar los montos en un plazo máximo de cinco días hábiles tras el reporte.
“Con esta reforma se evita que las instituciones financieras realicen cobros por anualidades, comisiones u otros conceptos asociados a productos no solicitados, y se prohíbe expresamente que el usuario sea reportado ante sociedades de información crediticia”, explicó el diputado Ricardo Monreal durante la sesión.
Con esta aprobación, la Cámara de Diputados busca fortalecer la protección de los consumidores frente a prácticas abusivas y promover una mayor transparencia y equidad en los servicios financieros del país.
