En un golpe directo a las redes de corrupción notarial e inmobiliaria que operan en Nayarit, fue detenido en Guadalajara el notario público Luis Miguel “N”, señalado por su presunta responsabilidad en fraudes, falsificación de documentos y graves irregularidades en la certificación de propiedades.
Por: Redacciòn
Guadalajara, Jalisco / Bahía de Banderas, Nayarit. – La captura fue realizada mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Nayarit y la Fiscalía de Jalisco, luego de que un juez librara órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos vinculados a su ejercicio como fedatario público .
Luis Miguel “N” era titular de la Notaría Pública número 39, con sede en el municipio de Bahía de Banderas, una zona donde desde hace años se denuncian despojos, ventas múltiples de predios, escrituras apócrifas y operaciones inmobiliarias irregulares, muchas de ellas en perjuicio de familias y pequeños propietarios.
DELITOS QUE SE LE IMPUTAN
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el notario enfrenta señalamientos por:
Responsabilidad profesional grave
Falsificación de documentos notariales
Certificaciones y escrituras presuntamente fraudulentas
Irregularidades en el registro e inscripción de inmuebles
Fraude específico y fraude inmobiliario
Las autoridades sostienen que estas prácticas habrían permitido el despojo de bienes inmuebles, alterando la certeza jurídica de la propiedad privada en una de las regiones con mayor plusvalía del estado .
TRASLADO A NAYARIT
Tras su detención en la capital jalisciense, Luis Miguel “N” fue trasladado a Nayarit y puesto a disposición del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio con sede en Bucerías, donde se llevará a cabo su audiencia inicial y se definirá su situación jurídica.
UN CASO QUE PODRÍA DESTAPAR MÁS
El arresto del notario abre la puerta a una investigación más amplia sobre la actuación de fedatarios, funcionarios del registro público y posibles redes de complicidad institucional que habrían operado durante años con total impunidad.
Hasta ahora, las autoridades no han
informado cuántas víctimas podrían existir, pero se prevé que el número de denuncias aumente conforme avance el proceso judicial.
El caso vuelve a exhibir cómo el uso corrupto de la fe pública puede convertirse en un instrumento de despojo y saqueo patrimonial, especialmente en zonas turísticas donde el negocio inmobiliario mueve millones.
