El ministro Arístides Guerrero García propondrá el próximo lunes 12 de enero validar la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que dio origen al decreto del 6 de noviembre de 2020, mediante el cual fueron extinguidos 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo que permitió al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por covid-19.
Por: Agencias
Ciudad de México; jueves, 08 de enero del 2026.- La propuesta será presentada a través de siete proyectos de resolución que buscan resolver controversias constitucionales promovidas hace cinco años por los entonces gobernadores de oposición de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, quienes impugnaron el decreto poco después de su promulgación.
Aunque cada entidad cuestionó distintos efectos derivados de la desaparición de fideicomisos específicos, los gobiernos estatales coincidieron en que la medida vulneró el pacto federal y afectó la autonomía financiera de los estados.
En el caso de Jalisco, el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez impugnó la eliminación de siete fondos, entre ellos el Fonden, el Fondo Metropolitano, el Fondo para el Cambio Climático, el Fondo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como instrumentos vinculados a ciencia, minería y atención a víctimas.
Los mandatarios estatales argumentaron que la desaparición de estos fideicomisos sustituyó reglas claras de asignación de recursos por un esquema discrecional del Ejecutivo federal, además de invadir competencias concurrentes con las entidades federativas en áreas como protección civil, medio ambiente, ciencia y tecnología, y seguridad de periodistas.
Por su parte, los exgobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, impugnaron el decreto en su totalidad al considerar que afectaba sus facultades de planeación y prestación de servicios públicos.
No obstante, los proyectos del ministro Guerrero García concluyen que las demandas son infundadas, al sostener que la extinción de los fideicomisos no implicó una intromisión en las competencias estatales, sino una modificación en los mecanismos de colaboración con la Federación. Asimismo, reconocen la facultad del gobierno federal para reorganizar sus instrumentos de gasto público y fortalecer esquemas de transparencia.
En el caso de la controversia promovida por el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el proyecto señala que sus argumentos fueron genéricos y que no acreditó de qué manera el decreto vulneró atribuciones constitucionales de la entidad.
“La ausencia de afectación a las facultades de las entidades federativas radica en que los fondos y fideicomisos son mecanismos de colaboración federal, y el hecho de que la Federación modifique dicho esquema no impide que los estados continúen ejerciendo las atribuciones que la Constitución les confiere”, establece el proyecto.
