Denuncian que doce enfermeras y dos servidores de la nación fueron retenidos, amenazados, encañonados con armas de alto poder y despojados de todas sus pertenencias, incluyendo la dos camionetas en las que viajaban, esto sucedió en San Juan peyotan, luego de que la delegada del bienestar los enviara a territorio del narco sin protección alguna
El actuar de la delegada Patricia Urenda es señalado de insensible, irresponsable, por no tener respeto por la vida de sus trabajadores, después de los hechos, la delegada pretendió minimizarlos, dicen trabajadores para no quedar mal ante sus jefes de México
Por: La Redacción
Tepic, Nayarit; lunes, 26 de enero del 2026.- Después de que las doce enfermeras y los dos Servidores de la Nación lograron regresar con vida, Patricia Urenda emitió un comunicado oficial. Lejos de reconocer la gravedad de lo ocurrido, el texto buscó minimizar los hechos y diluir la responsabilidad institucional por haberlos enviado a una de las regiones más peligrosas de Nayarit
Padres y madres de familia ya habían vivido horas de angustia buscando información sobre sus hijas. Medios de comunicación recibieron decenas de mensajes de auxilio denunciando que el personal de Salud Casa por Casa había sido enviado a San Juan de Peyotán, municipio Del Nayar, sin escoltas ni protocolos de seguridad, pese a tratarse de un territorio bajo control del crimen organizado. Allí fueron asaltados, despojados de todo y abandonados a su suerte
Los propios trabajadores advirtieron a sus superiores del riesgo real de ingresar a esa región, pero aun así fueron obligados a hacerlo. De acuerdo con sus testimonios, la instrucción vino directamente de la delegada de Bienestar, Patricia Urenda, quien priorizó el cumplimiento de metas administrativas —el llamado “semáforo en verde”— por encima de la seguridad y la vida de su personal.
La presión no era por salud ni por bienestar, sino por números: cumplir indicadores para quedar bien con oficinas centrales y fortalecer el proyecto político personal de la delegada, el cual ya avanza mediante llamadas a teléfonos celulares obtenidos presuntamente del padrón de beneficiarios de Bienestar, en las que se pregunta a los usuarios por Patricia Urenda, qué opinión tienen de ella y con qué partido político la relacionan.
El caso se hizo público gracias al senador Pavel Jarero, quien lo visibilizó a través de sus redes sociales, provocando que padres y madres de familia exigieran respuestas y que los medios de comunicación voltearan a ver lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, mientras crecía la indignación afuera, dentro de Bienestar se activó un operativo de control de daños. Mónica Moreno, encargada de Comunicación Social de Patricia Urenda, giró instrucciones por WhatsApp a periodistas y trabajadores para que difundieran boletines oficiales y saturaran de comentarios el Facebook de la delegada, intentando desviar la atención del drama humano.
En lugar de asumir responsabilidades, Patricia Urenda desde hace días ha optado por premiar lealtades. Ha trascendido que ya gratificó a Georgina Moreno y a Bertín García Herrera, coordinadores estatales de Salud Casa por Casa, quienes por cierto tampoco acudieron al Nayar a “ensuciarse las suelas”.
En el caso de Georgina Moreno, su esposo ya aparece por los pasillos de Bienestar como presunto aspirante a trabajar —o incluso como trabajador— de la dependencia, mientras que Bertín García Herrera habría recibido más permisos de ausencia justificada, en medio del escándalo que dejó a 14 personas expuestas y sin respaldo.
Por otra parte, de manera extraoficial ya circula en grupos de Facebook que los afectados en los próximos días presentarán una denuncia penal contra Patricia Urenda. Ante ello, solicitan la intervención del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para que les brinde respaldo institucional y sea el portavoz de lo ocurrido en la delegación federal ante la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como si no fuera suficiente, también circula información de que Urenda pretende enviar a Servidores de la Nación, pero ahora a Michoacán para integrarlos a las llamadas “Jornadas por la Paz”, lo que implicaría volver a exponer a personal civil como carne de cañón en zonas de alto riesgo. De confirmarse, Patricia Urenda estaría marcando un precedente histórico como una de las delegadas más insensibles, voraces y despiadadas, dispuesta a sacrificar vidas humanas para ganar simpatías políticas.
Y todo esto ocurre mientras aún existen adeudos pendientes con jóvenes enviados a Veracruz durante la contingencia por inundaciones, a quienes no se les ha pagado lo prometido.
La contradicción es evidente: cuando Patricia Urenda o su círculo cercano viajan a la sierra, sí hay escoltas de Sedena; cuando envían a enfermeras y Servidores de la Nación, los mandan solos a territorio del crimen.
