La Casa Blanca respondió este lunes a las críticas por la reciente ola de violencia en Minnesota, asegurando que el presidente Donald Trump no desea ver personas heridas o muertas y atribuyendo las tragedias a la resistencia de líderes demócratas locales a las políticas migratorias federales.
Durante una conferencia de prensa, la vocera presidencial, Karoline Leavitt, señaló que las autoridades estatales han desafiado activamente la ley federal de inmigración, lo que —afirmó— ha contribuido a la situación actual en el estado.
Las declaraciones se producen días después de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) abatieran a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, el sábado 24 de enero en Minneapolis, hecho que detonó protestas masivas en la ciudad.
“Nadie en la Casa Blanca, incluido el presidente Trump, quiere ver gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos”, declaró Leavitt.
La administración Trump estableció dos condiciones de cooperación que exige al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis. La primera es la entrega a las autoridades federales de todos los inmigrantes en situación irregular con antecedentes criminales que se encuentren en prisiones o cárceles estatales, así como aquellos con órdenes de arresto activas, para su deportación inmediata. La segunda exige que las fuerzas policiales estatales y locales entreguen a todos los inmigrantes en situación irregular arrestados por la policía y colaboren en la localización de personas buscadas por delitos, especialmente crímenes violentos.
La vocera aseguró que estas medidas ya han sido adoptadas en casi todos los demás estados del país.
El presidente Trump anunció además que enviará a Tom Homan, designado como zar fronterizo, a Minnesota para informarle directamente sobre la situación, a quien describió como “duro pero justo”. Posteriormente, el mandatario informó que sostuvo una llamada telefónica con el gobernador Walz, quien solicitó apoyo federal. Trump calificó la conversación como “excelente” y afirmó que ambos parecían estar “en la misma sintonía”.
Según el presidente, pidió a Homan contactar al gobernador para facilitar la entrega de “todos los delincuentes que tengan en su poder”.
La Casa Blanca también se refirió a una investigación en curso por un presunto fraude masivo de asistencia social que superaría los 20 mil millones de dólares en Minnesota, sugiriendo que este caso estaría relacionado con las protestas violentas.
En cuanto a los derechos constitucionales de los manifestantes, Leavitt aclaró que, aunque los ciudadanos tienen derecho a la Primera Enmienda y a portar armas, “no existe un derecho constitucional a impedir u obstruir operaciones legales de control migratorio, lo cual constituye un delito”.
Las investigaciones sobre el incidente ocurrido el sábado continúan a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y una revisión interna de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
